Santo Domingo.- El empresario peruano residente en República Dominicana, Luis Alvarez, denunció serias irregularidades en el manejo de un caso legal en el que acusa a un grupo de abogados de haberlo despojado de un negocio mientras estaba fuera del país.
Explicó que en 1994 tuvo un problema legal, fue repatriado y se le impidió la entrada a la República Dominicana, lo que fue aprovechado por personas malintencionadas que lo suplantaron como gerente general de la empresa Hermanos Ibañez, S.A, de la cual se adueñaron.
Dijo que esas personas aparentemente adquirieron la empresa sin una asamblea previa y violando todos los procedimientos que exige la Ley.
“No hay un acto de compra ni documentos que certifiquen la realización de una asamblea de accionistas autorizando esa venta”, indicó.
Artimañas para impedir su retorno a República Dominicana
“Esas personas se valieron de todo tipo de artimañas para impedir que yo regresara a la República Dominicana y el 10 de enero 1995 simularon haber realizado una asamblea para destituirme como gerente general de la empresa”, declaró.
“Después de, supuestamente, haberme destituido, nombraron a Libanesa Gutierrez como gerente general y falsificaron mi firma, la de los demás accionistas y vendieron una de las propiedades de Hermanos Ibañez, localizada en la Plaza Central, del Distrito Nacional, al español José Antonio García, quien compró sin haberse cerciorado de que los documentos que le presentaron habían sido alterados”, indicó.
Denunció que ese proceso carece de fundamento legal, ya que esa asamblea nunca se realizó y los documentos que mostraron al supuesto comprador aparecen con las firmas de personas que ya no formaban parte de la compañía.
“Lo que hicieron fue un chanchullo, utilizaron los nombres de los accionistas fundadores de Hermanos Ibañez, quienes ya habían sido sustituidos mediante una asamblea realizada el 24 de junio de 1994 y que aparece legalmente registrada”, indicó.
Explicó que los accionistas fundadores fueron sustituidos un año antes de la supuesta venta por dos de sus hermanos, tres hijos menores y un amigo de nombre Luis Joaquín Sánchez.
“Esa asamblea está registrada con fecha del 10 de diciembre de 1994 y con el número 62346 y, por lo tanto, los documentos con los que vendieron esos bienes al señor García no tienen validez”, dijo.
Tribunal de Tierras
Manifestó que a raíz de ese problema, elevo una instancia legal ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y la jueza Alicia Campos Ega, titular de la Segunda Sala, aceptó como buenos y validos los documentos que le presentó la otra parte, “eso a pesar de que eran copias y de que los nuestros eran reales”, declaró.
“La Magistrada basó su decisión en que supuestamente nosotros no pudimos demostrar que esos papeles eran falsos y de que encarecidamente le solicitamos que los enviara al Instituto Nacional de Ciencias Forences (INACIF) o que citara a un perito para que los examinara, quienes de seguro detectarían que habían sido adulterados. Pero ella se negó”, indicó.
“Seguimos en este viacrucis tratando de recuperar nuestras propiedades, que fueron hurtadas de forma ilegal, utilizando documentaciones falsas”, lamentó.
Criticó que, a pesar de la falsedad de esos documentos, los dos tribunales de primera y segunda instancia fallaron a favor de las personas que hurtaron la propiedad, haciendo caso omiso a todas las pruebas presentadas.
“Nuestros abogados pidieron a los jueces que anularan la asamblea que presentó la otra parte debido a que los mismos no eran parte de la compañía. Pero aun así los jueces la aceptaron en base a complicidad”, subrayó.
Informó que este conflicto lleva ocho años. “Presentamos un recurso de casación, la cual fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero ya tienen con esos expedientes dos años y todavía no fallan ni dicen cuál va a ser la conclusión».
Jueces corruptos
Llamó a la SCJ a que “haga algo con esos jueces corruptos que venden su fallo al mejor postor, dejando de lado lo justo y lo legítimo por un fardo de dinero”.
“Esperemos en Dios que ahora los jueces de la Suprema hagan su trabajo y que impere la justicia”, subrayó.
Dijo que la SCJ debe determinar la verdad entre lo que es falso, hacer que paguen los infractores y retornar lo que le pertenece por ley y legitimidad a sus verdaderos dueños.
“Seguiremos esperando por el buen juicio de los jueces”, concluyó.
Por Jhonny Trinidad