La discrepancia entre República Dominicana y Haití por la construcción ilegal de un canal sobre rio Masacre ha derivado en un impasse diplomático que congeló las relaciones entre los dos países, pero también en una crisis de reputación que erosiona la imagen del gentilicio dominicano a nivel internacional.
Puede demostrarse ante cualquier jurisdicción arbitral que el vecino violó el tratado de 1929 sobre buena vecindad al improvisar una obra hídrica sobre un cauce fronterizo sin previo consentimiento de su contraparte ni ofrecer detalles sobre las características técnicas del proyecto.
Sobra el tiempo para debatir si el gobierno dominicano se habría precipitado al disponer cierre total de la frontera y la interrupción del comercio con Haití, antes de notificar la situación a la OEA, ONU, Caricom, Estados Unidos, Francia y Canadá, lo que se hizo después.
En mi barrio había un individuo que cometía tropelías como acoso sexual, robos de mercancías, estafas diversas, pero al momento de su apresamiento exhibía una constancia médica de que padecía de enfermedad mental, con lo cual casi siempre evadía a la justicia.
El gobierno haitiano pretende justificar la violación a un tratado bilateral sobre uso de aguas transfronterizas, con el argumento de que carece de fuerza para impedir la construcción irregular de un canal de riesgo, pero como el loco del barrio, casi de inmediato ofrece su respaldo a esa ilegalidad.
La crisis de reputación que hoy padece República Dominicana ha sido causada por las medidas extremas aplicadas por el gobierno en represalia al despropósito de Haití de desviar por su cuenta aguas del Masacre, lo que ha aprovechado Puerto Príncipe para denunciar que el vecino le niega agua y comida.
Es obvio que con ese argumento, grupos de intereses internacionales no concederán ganancia de causa al lado Estado Dominicano, porque dirán que las medidas aplicadas han sido desproporcionadas o que previamente no se agotaron los canales diplomáticos, pero siempre sería porque Haití mercadeasu condición crónica de indefensión institucional.
A eso se debe que, cuando el gobierno dominicano aceptó el emplazamiento de la OEA para dialogar con Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resucita la vieja acusación de que aquí se alienta la apátrida.
El primer ministro haitiano instruyó a sus embajadores a emprender una ofensiva diplomática contra República Dominicana, basada en que le niega agua y comida, lo que ha creado una crisis de reputación en perjuicio del gentilicio nacional, porque al igual que el tipo de mi barrio, esa nación exhibe ante el mundo una conveniente condición de perturbación psiquiátrica o de locura.
Por Orión Mejía