Lo ocurrido con el Dr. Wazar Gómez el pasado viernes en San José de Ocoa, en ocasión de la visita del presidente Luis Abinader, en acciones de proselitismo político, de cara a las elecciones de febrero próximo, no tiene ningún tipo de justificación, amén de la supuesta “orden de soltarlo”, dada supuestamente por el presidente, al momento de enterarse del abuso policial contra el galeno.
No es posible que en pleno siglo XXI, nuestras autoridades policiales sigan actuando de forma tan arbitraria en contra de la ciudadanía, parecería que “todos” los jefes policiales que hemos tenido, desde la desaparición física de Joaquín Balaguer hasta la fecha, pensaran y actuaran como si aún el “Jefe” fuera el mandamás.
Pero, pregunta este humilde mortal, ¿sobre quién recae la responsabilidad por los abusos cometidos por los agentes policiales?
Por suerte, anda por ahí una supuesta “reforma policial”, que en lo que a mi concierne, no es más que una tomadura de pelo. Cualquiera con dos dedos de frente, sabe que no es posible reformar a esa Policía Nacional.
En ocasiones, leemos en la prensa internacional, cómo en países con características similares a la nuestra, ante ciertos actos que pudieran reñidos con el orden institucional, cometidos por miembros de organismos estatales, o incluso, en caso de accidentes fatales, los titulares de las instituciones involucradas presentan su renuncia de inmediato, a pesar de no tener la responsabilidad directa de la comisión del hecho. Aquí no solo nadie lo ha hecho nunca, sino que nadie se ha responsabilizado jamás de nada.
Pero, como aquí todo se politiza, no ha faltado quien quiera “pescar en río revuelto” y, como es costumbre en esta selva política, tanto sectores que defienden o representan al gobierno, así como los de la oposición, “se han ido con el amague”, tratando unos de justificar el abuso, otros de utilizarlo como bandera de condena al gobierno de turno, sin detenerse en la verdadera esencia del hecho en sí.
Si es cierto que vivimos en un estado de derecho, y que estamos ante un gobierno que se vendió ante el electorado dominicano como la representación del cambio, entonces es inaceptable que hechos de esta naturaleza se produzcan, no es posible que esto quede sin consecuencias.
Nadie me diga que se designó una comisión para investigar el hecho, porque aquí todos sabemos lo que significa nombrar una comisión para investigar un caso en República Dominicana.
El hecho de que el Dr. Wazar tenga un historial de protestas similares frente a los últimos tres presidentes que ha tenido el país incluyendo, por supuesto, al actual, no hace más que legitimar sus reclamos, al tiempo de confirmar que no obedecen a interés partidario alguno, y aunque así fuera, es un derecho que le asiste.
De manera que esperamos que se realice una investigación seria y que los responsables respondan por sus hechos. Claro, es lógico deducir, sabiendo cómo operan nuestras autoridades, que los verdaderos responsables no saldrán a relucir, y los que solo cumplen ordenes pagarán los platos rotos. Eso, si se llegare a considerar que lo ocurrido al galeno protestante merece algún tipo de sanción a los perpetradores.
Por Daniel Rodríguez González