El equipo de fiscales y policías que allanó cerca de la medianoche del viernes la vivienda de la presidenta e ingresó hacia las 4.30 horas de este sábado al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, donde continuará con las diligencias de la investigación.
Los fiscales anticorrupción y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) arribaron hasta la sede gubernamental, tras permanecer durante más de cinco horas en la casa de Boluarte, en el distrito de Surquillo, donde rompieron la cerradura de la puerta principal tras no ser atendidos al pedir el ingreso en el inmueble.
Los fiscales realizaron la operación con fines de registro e incautación de los relojes de lujo que, según mostraron medios locales, Boluarte usó en diferentes actividades públicas y supuestamente no ha declarado como parte de su patrimonio.
Tanto los fiscales como los policías que intervinieron en la operación señalaron a periodistas que la investigación es reservada y no pueden ofrecer más información sobre las pesquisas.
La calle en la que se encuentra la vivienda de la mandataria fue cercada por un numeroso contingente policial, mientras hacia la 1.30 del sábado los vehículos del primer ministro, Gustavo Adrianzén, y del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzalez-Olaechea, llegaron al Palacio de Gobierno, además del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.
Adrianzén declaró a la emisora RPP que está «indignado» por el allanamiento y consideró que se ha producido «un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia de la República y a la nación que ella representa».
El primer ministro agregó que «no es posible» que tengan «que ser testigos de acciones absolutamente desproporcionadas y cuando no inconstitucionales», y alegó que la gobernante está protegida por la inmunidad que otorga su cargo.
«Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales», indicó.
En imágenes mostradas por medios locales se observa cómo un grupo de agentes rompe la cerradura de la puerta principal de la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo tras no ser atendidos al tocar repetidas veces en la casa.
El pasado miércoles, la Fiscalía denunció que se frustraron las visitas a la gobernante tanto en su domicilio, como en el Palacio de gobierno, mientras que la Presidencia aseguró que representantes del Ministerio Público fueron atendidos por personal del despacho de Boluarte, quienes recibieron una notificación para la mandataria.
El fiscal supremo Hernán Mendoza declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria «había frustrado» las investigaciones al no acudir a las citaciones hechas para el martes y el miércoles de esta semana.
Tras esa situación, la defensa legal de Boluarte pidió reprogramar las diligencias en la investigación del caso de los relojes de lujo que la mandataria no declaró y por el cual es investigada por enriquecimiento ilícito.
En respuesta a este pedido, el fiscal general comentó que la actitud de la mandataria era un «claro indicador de rebeldía» que no hace más que «retardar el resultado de la investigación».
El pasado 18 de marzo, el Ministerio Público inició diligencias preliminares a Boluarte por este caso, ya que la mandataria debería haber declarado dichos bienes en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Fiscalía apuntó que no lo hizo.
Sin embargo, Boluarte declaró la semana pasada que estaba comprometida a acudir a la Fiscalía para responder sobre esta investigación y afirmó que no tiene ningún desbalance patrimonial.