El Consejo Nacional de Participación Ciudadana expresó su desacuerdo con la reciente designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Alianza Público Privada (APP).
La organización cuestiona la legitimidad jurídica de este nombramiento y la conveniencia de que un mismo funcionario asuma dos funciones que requieren una dedicación considerable y enfrentan retos fundamentales en aspectos como la transparencia y la institucionalidad.
Aunque Participación Ciudadana no cuestiona las intenciones del presidente Luis Abinader al asignar esta nueva responsabilidad a Carlos Pimentel, ni las de éste al aceptarla, considera que la interpretación sesgada de varios artículos de diferentes leyes no es una buena base para funciones que requieren mucha legitimidad.
La organización subraya que la Constitución y varias leyes buscan evitar la concentración de varios cargos públicos en una sola persona, especialmente en funciones que confrontan fuertes y variados intereses, por lo que requieren de absoluta legitimidad.
Participación Ciudadana sugiere que, si la intención del nombramiento es iniciar un proceso de fusión de estas instituciones, Carlos Pimentel podría realizar un excelente trabajo desde la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) o desde la APP, sin necesidad de ocupar ambos puestos y exponerse a cuestionamientos.
“Tomando como base el Art. 144 de la Constitución de la República; el Art. 19 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas; el Art. 80.5 de la Ley 41-08 de Función Pública entendemos que el nombramiento no procede. Aplicarle el concepto de honorífico al cargo de director de Compras y Contrataciones Públicas es un error, ya que la característica del mismo no debe ser variada por un decreto presidencial”, dice Participación Ciudadana.
“A esto se agrega la incompatibilidad que significa ocupar dos representaciones en el consejo directivo de la APP y que ésta, en parte de sus actividades, está sujeta a la supervisión de la DGCP”.
Finalmente, Participación Ciudadana expresa su preocupación por el riesgo de que las funciones de la Dirección de Compras y Contrataciones puedan ser afectadas por esta decisión presidencial.
La organización espera que un nuevo nombramiento en esta posición recaiga sobre una persona que inspire la confianza de la ciudadanía y garantice la continuación y profundización de los cambios realizados en los últimos años.