Reacciona ante la confesión del ministro de Agricultura de que haitianos en situación irregular llevan más de una década trabajando en sus propiedades.
El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, pidió al presidente de la República que maneje las políticas migratorias, la defensa de la soberanía nacional y la correcta aplicación de la Constitución Dominicana con coherencia.
Esta solicitud surge tras declaraciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, en un programa televisivo, donde reveló que tiene inmigrantes haitianos que trabajan con él desde hace 10 o 15 años, y por lo que abogó para que se les otorgue “carnet” para legalizar su estatus migratorio.
Rosario cuestionó el verdadero interés detrás de estos planteamientos y señaló que tales prácticas, lejos de ser humanitarias, permiten contratar a trabajadores en situación irregular para pagar salarios menores y despedirlos sin reconocer sus derechos laborales.
El dirigente político destacó que en la última década el Estado implementó un Plan de Regularización Migratoria bajo la Ley 169-14, y que en caso de Limber Cruz haber tenido “buenas intenciones”, pudo haber regulado la situación de estos trabajadores en ese proceso.
Asimismo, enfatizó que el ministro confesó abiertamente una violación al artículo 131 de la Ley de Migración, lo que debería representar una grave alerta para el presidente Luis Abinader.
“¿Será que la anunciada campaña de deportación de 10,000 extranjeros de origen haitiano, lejos de ser una preocupación sincera para resolver el problema migratorio, se convierte en un ‘elemento de uso y abuso’ que solo alimenta el tráfico ilegal de personas?” cuestionó Rosario.
Aseguró que si el Gobierno estuviera realmente comprometido con el control migratorio, se aplicarían las disposiciones del artículo 128 de la Ley de Migración.
Rosario también preguntó al Gobierno por las medidas efectivas que se han tomado para hacer cumplir esta legislación: «¿Cuántas empresas transportistas y personas han sido sometidas a la justicia por violar la Ley de Migración? ¿Cuántos medios de transporte y propiedades han sido incautados? ¿Cuántas personas han cumplido penas establecidas en la ley? ¿Qué se ha hecho para fortalecer los programas de control migratorio? ¿Cuántas personas han sido sometidas a la justicia y han cumplido con las penas que establece la Ley de Migración?”
El dirigente político concluyó que estas respuestas son esenciales para transparentar la gestión y efectividad de las políticas migratorias actuales.
Por Roberto Tiburcio