Santo Domingo Este, RD.- Más de 30 familias residentes en Villa Faro Centro, reclamaron la intervención del Ayuntamiento Santo Domingo Este y del procurador fiscal de Medio Ambiente del municipio, para que prohíba las operaciones de un taller de desabolladura y pintura de automóviles que desde hace 8 meses viene operando de manera ilegal y afectando la salud de los vecinos, con tóxicos, combustibles y ruidos de pulidoras y martillos que no les dejan descansar.
Fernando Estrella hablando en nombre de los vecinos, indicó que desde el 2017 venían denunciando las intenciones de los propietarios de un almacén de chatarras de convertirlo en taller de desabolladura y pintura en una zona residencial.
Dijo que en ese momento lograron que no se concretizara el nefasto proyecto, luego de que los vecinos reunidos en una mesa de trabajo, solicitaran al departamento de gestión ambiental del Ayuntamiento Santo Domingo Este, bajo la dirección de Rafael Encarnación Montero enfrentar dichas pretensiones.
Explicó que los propietarios aprovecharon los meses de la pandemia y convirtieron el viejo almacén en un taller de desabolladura y pintura para automóviles.
Estrella denunció, que el establecimiento está colocado en un tramo de calle Primera de Villa Faro, sin salida y las operaciones de una grúa de carga con la que transportan los vehículos que reparan se sube a las aceras para poder dar la vuelta y pone en peligro vidas y propiedades, además de la zozobra que causa con los ruidos y contaminantes por quema de combustible y el peligro que representa para los niños del lugar.
De su lado, Carmen Saro, presidente de la junta de vecinos de Villa Faro Centro, expreso que desde que el taller entró en operación se puso la denuncia en la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo bajo la dirección del Ing. Demetrio Sánchez y en la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, que dirige el Arq. Angel Sosa, las cuales notificaron por inspectoría mediante acta, sin que hasta la fecha los dueños del taller hayan hecho caso alguno y parado sus operaciones.
Los residentes se quejaron de que a pesar de Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 675 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcción, desde el 2017 le han permitido construir e instalarse en perjuicio de los vecinos del sector sin que actúe ninguna de las autoridades competentes.
Por Patria Deveaux