Jueza aplaza para el jueves 25, conocimiento medida de coerción a implicados en Caso Coral 5G
Santo Domingo.- El procurador anticorrupción, Wilson Camacho, dijo este domingo que la corrupción no tiene espacio donde esconderse en la República Dominicana y que no podrá esconderse detrás de un uniforme ni un rango militar.
En ese sentido el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que no es justo, sobre todo, para los hombres y mujeres que dignifican el uniforme y que ven afectadas sus vidas dentro de los cuerpos castrenses.
Dijo que el dinero que debiera servir para mejorar la calidad de vida de los miembros de las fuerzas armadas, es sustraído por un grupo de personas que se enriquecen y viven de lujo a costa del bienestar de la mayoría.
“El expediente es tan voluminoso como la cantidad de hechos que han cometido las personas que están involucradas, la cantidad de bienes que estas personas han adquirido con el dinero sustraído del erario y con la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público para sustentar esta medida de coerción”, comentó Camacho, previo a la audiencia en la que se conocerá la medida de coerción para los imputados en el Caso Coral 5G
Explicó que Coral 5G es una continuación de la Operación Coral, por lo que expuso que, siendo los mismos hechos y las mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo tribunal control y, de esta manera, incluso, por economía procesal, que sea llevado en un mismo espacio donde actuarán los mismos representantes del Ministerio Público.
Jueza aplaza medida de coerción
La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, aplazó para el jueves 25 el conocimiento de la medida de coerción contra los 13 implicados en la Operación Coral 5G, para quienes el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El auto de solicitud cuenta con más de 600 páginas, incluyendo documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, las autoridades les han ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Previo a estos operativos, y a consecuencia de la Operación Coral, ya cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
Por la redacción DA