Tucson (EE.UU.).- Republicanos en la Legislatura de Arizona avanzan una iniciativa que busca convertir en un delito estatal la inmigración indocumentada y sigue los pasos de la controvertida ley aprobada recientemente en Texas, que otorga a jueces estatales la facultad de deportar migrantes sin el debido proceso.
La propuesta SB1231 conocida como la “Acta de Invasión de Arizona” convertiría a la inmigración indocumentada en un delito estatal al imponer cargos menores a todas aquellas personas que crucen la frontera de manera irregular. Los reincidentes serían acusados de un delito grave.
El proyecto de ley también otorga a las agencias estatales y locales del orden “inmunidad” de demandas civiles, ante cualquier daño que pueda ocurrir mientras aplican la nueva legislación.
De ser aprobada, la medida se convertiría en una de las leyes estatales más duras en contra de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos.
Impulsada por los legisladores republicanos Janae Shamp y Joseph Chaplik, la iniciativa sigue los mismos pasos de las leyes estatales aprobadas recientemente en Texas y Florida, impulsadas por los gobernadores republicanos Greg Abbott y Ron DeSantis, respectivamente.
“No me extraña esta propuesta. Es una respuesta al sentimiento racista y la ignorancia que estamos enfrentando actualmente”, dijo a EFE Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos.
La actual propuesta es considerada como una nueva versión de la controvertida SB1070, también conocida como “la ley muéstrame tus papeles”, implementada en el 2010 en el estado.
La polémica ley enfrentó al estado de Arizona con el gobierno federal, llevando el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Aunque los jueces del máximo tribunal eliminaron gran parte de la legislación, hasta la fecha aún se mantiene el poder que otorgó a las agencias del orden estatales y locales de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechen se encuentran indocumentadas en los Estados Unidos.
En su momento, la SB1070 convirtió el estado de Arizona en el epicentro del debate migratorio, su aprobación provocó marchas masivas y un boicot económico en contra del estado.
Pero la SB1231 va un paso más adelante al otorgar poderes a los jueces locales para decidir casos migratorios y emitir órdenes de deportación.
García asegura que la Corte Suprema fue muy clara al determinar que solo el gobierno federal puede aplicar leyes migratorias.
El alegato de la activista coincide con los de los defensores de los derechos de los inmigrantes que han demandado la ley texana SB4, que convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La medida texana fue retada por un grupo encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar su entrada en vigor prevista para el 5 de marzo y, ayer jueves, se realizó la presentación de argumentos en una corte del Distrito Oeste de Texas.
“Ningún estado tiene derecho a decidir unilateralmente quién será estadounidense. Hacerlo viola la Constitución, socava los derechos humanos y daña las relaciones internacionales”, dijo en un comunicado David Donatti, abogado de la ACLU de Texas.
Advirtió que la entrada en la SB4 “creará permanentemente un sistema separado de encarcelamiento masivo de inmigrantes que está plagado de abusos contra los derechos civiles y desperdicia miles de millones de dólares de los contribuyentes”.
García opinó que estas leyes siguen una retórica utilizada por los conservadores anteriormente. “Vemos que nuevamente los políticos republicanos están utilizando el tema migratorio para ganar elecciones», dijo.
El legislador Shamp ha defendido su propuesta SB1231 con el argumento de que convertir el ingreso de indocumentados por la frontera en delito estatal contribuirá a lidiar con la crisis en la frontera. “Sí, estamos haciendo lo que Texas está haciendo porque estamos tratando de asegurar la frontera para proteger a nuestros ciudadanos”.
El republicano también dijo que está preparado para que la propuesta de Arizona sea demandada como ha sucedido con la de Texas.