El miércoles en la noche, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificará o derogará 366 leyes que regulan una amplia variedad de actividades económicas en Argentina.
Poco tiempo después, su “megadecreto” enfrentó sus primeros cacerolazos, la forma de protesta espontánea más tradicional que utilizan los argentinos para mostrar su descontento.
Las críticas contra las propuestas son muchas, pero para algunos lo más controvertido no es el fondo de las medidas -que, según el gobierno, buscan liberar una economía hoy llena de restricciones- sino la forma.
Según la Constitución, los DNU solo pueden ser utilizados en “circunstancias excepcionales” en las que el Congreso se ve imposibilitado de seguir los “trámites ordinarios” para la sanción de leyes.
Eso es algo que -según afirman los detractores del presidente libertario- no ocurre ahora.
Por otra parte, las medidas preocupan a muchos que sienten que la desregulación dejará desamparadas a muchas personas.
Según Milei, las restricciones estatales que se fueron acumulando a lo largo de cuatro gobiernos kirchneristas han estancado a la economía argentina, espantando posibles inversiones y haciendo que el número de asalariados del sector privado se mantenga casi igual, mientras crece el número de trabajadores informales y estatales.
“El Producto Interno Bruto per cápita es 15% inferior al del 2011, un tercio de los trabajadores formales son pobres, tenemos una tasa de desempleo baja pero que se explica con empleo precario y salarios reales miserables, y seis de cada 10 chicos entre cero y 14 años son pobres”, dijo el mandatario.
“Esa es la tragedia que estamos viviendo producto de un modelo político y económico que atenta contra la libertad. Nada es más importante que revertir esa tendencia trágica que hipoteca nuestro futuro”, dijo.
Sin embargo, sus críticos sostienen que las regulaciones protegen a los más débiles de la sociedad y que liberar la economía favorecerá a los empresarios en detrimento del pueblo.
Un pueblo -sostienen- ya golpeado por el fuertísimo ajuste del gasto público anunciado por el ministro de Economía dos días después de asumir.
Aquí te contamos algunos de los puntos más controvertidos del DNU, que entrará en vigencia el 29 de diciembre, y que solo puede ser revertido (aunque no modificado) por ambas cámaras del Congreso.
1. Empleo
Milei anunció una “modernización” del régimen de trabajo, que incluye algunas reformas que son polémicas porque hacen que sea más fácil y menos costoso despedir.
Las leyes laborales actuales contemplan una serie de compensaciones que debe recibir un empleado si es despedido y limitan las causales de despido.
El DNU reduce la base de las indemnizaciones y amplía el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses. Además, permite el despido si el empleado bloquea o toma su establecimiento de trabajo.
Los críticos afirman que esto cercena el derecho legítimo de huelga y recorta derechos laborales.
Otro cambio es que ya no habrá multas cuando el empleado no esté bien registrado, algo que en la actualidad lleva a que se duplique el monto de la indemnización.
La preocupación de muchos es que la recesión que seguramente vendrá de la mano de las medidas de ajuste anunciadas por el gobierno podría llevar a las empresas a despedir a personal que, con estas nuevas reglas, estará menos protegido.
Pero el economista Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri, afirmó al canal de noticias TN que las medidas desincentivarán la “industria del juicio laboral” que lleva a muchas pequeñas y medianas empresas -responsables del 70% del empleo privado- a la quiebra.
2. Precios libres
Con una inflación que desde hace una década supera el 25% anual y se ha acelerado en los últimos dos años, superando actualmente el 160%, los gobiernos previos aplicaron toda una serie de reglas para controlar los precios, sobre todo los de los alimentos.
El DNU derogó el observatorio de precios del ministerio Economía (según dijo Milei, “para evitar la persecución de las empresas”).
Lo cierto es que en los últimos años hubo mucha injerencia del Estado en la actividad privada, obligando a las alimenticias a ofrecer algunos de sus productos a precios que estaban por debajo de la inflación.
La respuesta de muchas empresas fue achicar el tamaño de sus productos o sacar nuevas versiones que no entraban dentro de las regulaciones vigentes.
Pero, para gran parte del público, programas como el de “Precios cuidados” significaba tener acceso a productos en el supermercado que de otra forma ya no podrían comprar.
Esta es la gran preocupación ahora que Milei ha liberado todas las restricciones de precios, que incluye no solo a los productos del supermercado sino también a las tarifas de las empresas de medicina privada (o prepagas) que utilizan millones de argentinos.
Un problema aún mayor dada la nueva aceleración de la inflación por las medidas del flamante gobierno, que, según la mayoría de las consultoras privadas, hará que se duplique el alza de precios, pasando de menos del 13% en noviembre a más del 30% en el último mes del año.
3. Alquileres
Como en muchas otras ciudades del mundo, los precios de los alquileres aumentaron exponencialmente en Buenos Aires tras la pandemia de coronavirus, un problema agravado por la creciente inflación local.
Para intentar proteger a los inquilinos, el Congreso aprobó en 2020 la Ley de alquileres, que creó un índice fijo para los aumentos y extendió los contratos de dos a tres años.
Sin embargo, la norma ahondó los problemas, llevando a muchos propietarios a decidir vender en vez de alquilar, u ofrecer alojamiento temporal.
Con el nuevo DNU, que derogó la ley, los contratos entre las partes serán libres. Incluso se permitirá a los arrendadores cobrar en dólares (algo que ya ocurre en la actualidad, de manera informal).
Según Milei, derogar lo que llamó la “nefasta ley de alquileres” era necesario “para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”.
Pero para los muchos inquilinos que cobran en pesos -moneda que se devaluó un 54% contra el dólar en un solo día, como parte de la “terapia de choque” aplicada por el gobierno de Milei- la posibilidad de tener que pagar un alquiler en dólares y que podría tener aumentos por encima de su sueldo, es un problema.
4. Exportación e importación
En las últimas dos décadas -con excepción del período entre 2015 y 2019, cuando gobernó Macri- otro sector fuertemente regulado fue el del comercio exterior.
Con la intención de mantener los precios locales bajos, en especial de la carne -producto estrella en la mesa de los argentinos- a partir del gobierno de Cristina Kirchner se empezaron a restringir algunas exportaciones agrícolas, la principal fuente de dólares de Argentina.
En tanto, a medida que caían las reservas internacionales en el Banco Central, también se limitaron las importaciones, lo que le puso el freno a algunas industrias fuertemente dependientes de insumos extranjeros.
Ahora, con el “megadecreto” de Milei, “queda prohibido prohibir las exportaciones”, según anunció el mandatario.
Su propuesta “reforma el código aduanero para facilitar el comercio internacional”, señaló.
En la práctica esto es una buena noticia para las empresas importadoras que, tras una sequía que afectó gravemente al campo, dejando las reservas del Banco Central en rojo, debieron someterse a un complicado sistema de autorización de importaciones.
Pero el temor es que la apertura del comercio haga subir los precios de los productos locales. La importación libre también supone una amenaza para algunas industrias nacionales que no podrán competir en precio.
Sin embargo, los partidarios de la medida sostienen que el proteccionismo otorgado a industrias como la textil llevaron a que, ante la falta de competencia, hoy en Argentina la ropa cueste más y sea de menor calidad que en muchos otros países.
Por otra parte, sostienen que el acceso a insumos potenciará la producción, fortaleciendo sueldos y contrataciones de personal.
5. Privatizaciones
El DNU transforma a todas las empresas estatales en sociedades anónimas “para su posterior privatización”. Y deroga la ley que prohibía las privatizaciones.
Esto va en línea con una de las promesas de campaña de Milei, quien había dicho que “todo lo que puede estar en manos del sector privado estará en sus manos”.
Sin embargo, los cambios que introduce el decreto suponen apenas un paso previo a la privatización, que en muchos casos requerirá de la aprobación del Congreso.
Milei dijo en el pasado que primero buscará sanear y poner en valor a las empresas estatales antes de considerar su venta.
Curiosamente, su DNU también permite que “los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran”, algo que permitiría también su privatización, un proyecto impulsado por Macri, socio político de Milei, que ha causado polémica en el último tiempo.
6. Tierras en manos extranjeras
También llamó la atención -y causó controversia- que el “megadecreto” de Milei derogue la Ley de tierras, una norma que limita la concentración y extranjerización de tierras, en particular las rurales.
La ley fijaba en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas y jurídicas no argentinas.
Según dijo el presidente, la medida busca “promover las inversiones”, pero en Argentina muchos ven con preocupación la posibilidad de que grandes extensiones de campo, que son el corazón productivo y económico del país, pasen a estar en manos de capitales extranjeros.
Por otra parte, la ley también prohibía la posesión de tierras que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En los últimos años hubo diversas polémicas por la posesión de tierra en manos extranjeras, desde protestas contra el magnate británico Joe Lewis por no permitir el acceso a lagos en sus terrenos patagónicos, hasta sospechas por un observatorio espacial y un puerto construidos por China en el sur del país.
Fuente: BBC Mundo