LIMA (AP) — El Tribunal Constitucional de Perú volvió a ordenar el martes, por segunda vez en una semana, la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de 25 peruanos durante su gestión (1990-2000), poniendo en vilo al país sobre si el exmandatario será excarcelado el martes o en los días siguientes.
El máximo tribunal constitucional indicó a la agencia estatal que administra las cárceles que “en el día” disponga “la libertad inmediata” de Fujimori, de 85 años, de acuerdo con la resolución, vista por The Associated Press.
La decisión del TC en el país aviva la controversia sobre la salida de prisión de Fujimori, a raíz de un indulto que le fue concedido la noche de Navidad de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kucynski.
Ese indulto fue después anulado en 2022 por la justicia peruana al detectar graves irregularidades, tras un pronunciamiento en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde entonces el proceso se enfrascó en idas y venidas judiciales para que fuera efectivamente ejecutado.
Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo por la red social X, antes Twitter, que “la liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de cumplirlas”.
Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediata en dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar que combatía con métodos de guerra sucia al grupo terrorista Sendero Luminoso. La primera ocurrió en 1991 en una zona cercana a la plaza de Armas de Lima, en una zona pobre llamada Barrios Altos, en donde militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron con fusiles a 15 vecinos.
La segunda matanza fue en 1992 cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y un catedrático de la universidad Enrique Guzmán y Valle. Los forenses indicaron que los jóvenes fueron torturados, recibieron un tiro en la nuca, sus cadáveres fueron quemados y ocultados en fosas comunes.
Según la sentencia, el grupo militar clandestino funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y era financiado por la gestión de Fujimori.
La última maniobra para conseguirlo fue la semana pasada, también por parte del Tribunal Constitucional, que ordenó “la liberación inmediata” del expresidente condenado. Sin embargo, el juez de Ica, una ciudad al sur del país, en el que recayó la causa se negó el viernes a dar cumplimiento a la orden.
Adujo que no le correspondía ejecutar la sentencia a su despacho sino al propio TC, máximo intérprete de la Constitución. Éste le había enviado su sentencia porque la demanda a favor de Fujimori se había presentado inicialmente en la corte de la ciudad de Ica.
El juez de Ica también recordó que existe una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó a Perú “abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos del indulto ‘por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori” en diciembre del 2017.
Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas, dijo que la decisión del tribunal coloca a Perú junto a los estados que desacatan las sentencias internacionales.
“Lo que dicen es que están sometidos a la Corte IDH pero que no le van a hacer caso (obedecer)”, indicó. Añadió que conociendo la predictibilidad de la Corte IDH ésta llamará a una audiencia de cumplimiento y ordenará a Perú a cumplir sus sentencias.