WASHINGTON (AP) — Donald Trump enfrentaba nuevos cargos el jueves en un caso en el que se le acusa de poseer documentos confidenciales de forma ilícita, ya que los fiscales aseguran que el expresidente le pidió a un miembro de su personal que borrara una grabación de las cámaras de vigilancia en su finca de Florida para tratar de obstruir la investigación federal sobre los documentos.
El acta de acusación incluye nuevos cargos de obstrucción y de retención deliberada de información de defensa nacional, añadiendo nuevos detalles a una acusación formal presentada el mes pasado en contra de Trump y de un colaborador cercano.
Los nuevos cargos fueron una sorpresa tomando en cuenta la expectativa de otra posible acusación en Washington por sus intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Los cargos adicionales ponen de manifiesto el amplio, y desconocido, alcance de la investigación que enfrenta Trump mientras intenta volver a la Casa Blanca en 2024 al tiempo que trata de defenderse de causas penales en distintas ciudades.
Las acusaciones actualizadas en el acta se enfocan en la grabación de las cámaras de la finca de Trump en Palm Beach. Trump está acusado de haber pedido que se borrara la grabación luego de que los investigadores del FBI y del Departamento de Justicia visitaron Mar-a-Lago en junio de 2022 para recoger los documentos confidenciales que el expresidente se llevó cuando abandonó la Casa Blanca un año antes.
Las autoridades policiales emitieron una citación para obtener las grabaciones tras percatarse de la presencia de cámaras de vigilancia mientras se encontraban allí.
Las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la finca de Mar-a-Lago han sido una parte central de la investigación desde hace tiempo, debido a que, según los fiscales, muestran al asistente personal del expresidente, Walt Nauta, moviendo cajas de documentos dentro y fuera de una bodega, incluso un día antes de una visita por parte de agentes del FBI y del Departamento de Justicia. Nauta fue acusado junto con Trump en el acta de 38 cargos, incluido mentirle al FBI y asociación delictuosa en conjunto con el exmandatario para ocultar los registros.
El acta asegura que entre junio y agosto de 2022, Trump, Nauta y Carlos De Oliveira, administrador de Mar-a-Lago, “alteraron, destruyeron, mutilaron y ocultaron de forma corrupta” documentos localizados en la finca con el objetivo de “impedir” su uso en cualquier procedimiento oficial.
Afirma que los tres hombres le solicitaron a un cuarto empleado de Trump, no identificado, que borrara las imágenes de las cámaras de seguridad en el lugar “para evitar que se proporcionara la grabación a un jurado investigador federal”.
El acta de acusación menciona que De Oliveira le comentó a un compañero que el “jefe” quería que se borrara un servidor que contenía las grabaciones. Señala que De Oliveira fue a la oficina de informática en junio del año pasado, llevó a un empleado a una pequeña sala conocida como el “armario de audio” y le preguntó cuántos días conservaba el servidor las grabaciones.
Cuando el empleado dijo que no creía que pudiera borrar las grabaciones, De Oliveira insistió en que el “jefe” quería que se hiciera, y le preguntó: “¿Qué vamos a hacer?”
De Oliveira fue incluido en el acta de acusación con cargos de obstrucción y declaraciones falsas relacionadas con una entrevista que concedió al FBI hace unos meses. Un abogado de De Oliveira se negó a comentar al respecto.
Un vocero de Trump calificó los nuevos cargos como “nada más que un continuo, desesperado y fallido intento” del gobierno federal “para acosar al presidente Trump y a quienes lo rodean” e influir en la contienda presidencial de 2024.
La acusación sustitutiva imputa a Trump un cargo adicional de retener deliberadamente información de defensa nacional relacionada con una entrevista de julio de 2021 en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, en la que el expresidente discutió planes militares de Estados Unidos para atacar otro país. La entrevista era para una autobiografía que estaba escribiendo su antiguo jefe de despacho Mark Meadows, quien en su libro subsecuente identificó a dicho país como Irán.
De acuerdo con el acta de acusación, Trump devolvió ese documento al gobierno federal el 17 de enero de 2022. Dicho documento estaba etiquetado como ultrasecreto y no aprobado para mostrarlo a ciudadanos extranjeros
La imputación representa un cambio notable en el enfoque de la fiscalía en el caso de Trump, al acusarlo de retener un documento que, según alega, el expresidente sabía que era altamente delicado después de dejar el cargo, y no sólo por no devolverlo al gobierno cuando se le pidió.
Tanto Trump como Nauta se han declarado inocentes.