Santo Domingo.-El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos, reveló que la población carcelaria en el país ha bajado, pero que a pesar de esto la prisión preventiva no ha disminuido.
Santos atribuyó la reducción de la población carcelaria a factores como el cumplimiento de las penas por parte de los privados de libertad, las variaciones en las medidas de coerción, la suspensión condicional de la pena y del procedimiento, el cambio de modalidad de la pena y los fallecimientos de reclusos como elementos contribuyentes a esta tendencia.
Sin embargo, el director de la ONDP mostró su preocupación, por que los requerimientos y solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público se mantienen firmes, contradiciendo lo establecido en la Constitución y el Código Procesal Penal del país, que establecen que la imposición de la prisión preventiva debe ser excepcional.
“Realmente, existe un incremento de la imposición de la prisión preventiva en el país, con toda firmeza lo aseguramos, puesto que la Defensa Pública maneja del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional, sin ningún interés particular de inflar o disminuir datos, pues contamos con bases de datos que se alimentan diariamente por las ejecuciones y actividades que realizan los defensores públicos”, afirmó.
Según Santos, en el primer semestre de 2022, se impusieron 3,427 medidas de prisión preventiva, incluyendo fianzas de difícil cumplimiento. En el mismo período de 2023, esta cifra ha aumentado a 3,758, lo que representa un incremento del 10% en la jurisdicción de adultos.
Dijo que en el caso de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, se ha observado un aumento aún mayor. En el primer semestre de 2022, se impusieron 170 medidas de prisión preventiva, mientras que en el mismo período de 2023, la cifra se elevó a 188, reflejando un incremento del 11%.
“El Poder Judicial ha venido desarrollando un plan para optimizar el proceso penal, a través de una justicia humana, restaurativa, accesible y sobre todo de reinserción. De la misma manera, se ha pronunciado la Procuraduría General, no todos los casos deben ser judicializados”, indicó.
“Hay jueces y fiscales que hacen casos omisos a ése llamado, pues hay jueces cobardes, temerosos, y que responden a los dictámenes del ministerio público, también hay ministerios públicos a los que es necesario fortalecer las competencias para que sean verdaderos árbitros, conciliadores, mediadores ante conflictos sociales de sus respectivas jurisdicciones, para evitar que hagan un flaco servicio a favor de la progresividad de la armonía social, y no solo piensen en prisión preventiva como mecanismo resolutivo”, agregó.
Dijo que la problemática de la prisión preventiva se ha convertido en motivo de preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. A pesar de que se han realizado reformas en el sistema de justicia penal, no se ha logrado abordar de manera efectiva el problema de los presos preventivos, lo que ha llevado a una creciente preocupación por el respeto de los derechos fundamentales en el país.
“Si bien los procesos de reforma de la justicia penal concretaron cambios y ciertos avances en materia judicial y penitenciaria, no han podido reducir de fondo el problema de los presos preventivos; aún siguen sin ser respetados los presupuestos de la aplicación de la prisión preventiva funcionales a un estado de derecho”, manifestó Santos.
El director de la ONDP hizo un llamado a mantener reuniones interinstitucionales con el objetivo de garantizar un verdadero estado de derecho y promover una justicia restaurativa en lugar de retributiva.
“Debemos replantear el problema, los números no resuelven, es clave revisar los criterios aceptados internacionalmente para la imposición de esta medida, a la luz de las protecciones que formulan los pactos y convenios de derechos humanos”, expuso el director de la ONDP.
Por Roberto Tiburcio