El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC), denuncian el desalojo violento de comunidades campesinas en terrenos concesionados a la minera Barrick Gold, ubicado en la zona de Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
De acuerdo a las entidades denunciantes, efectivos militares irrumpieron la madrugada de este miércoles en viviendas, obligando a niños, ancianos, amas de casa y campesinos a abandonar sus hogares y predios agrícolas mediante el uso de disparos, gases lacrimógenos y golpes, sin previo aviso y sin alternativas de reubicación, dejándolas en situación de vulnerabilidad extrema.
“El presidente Luis Abinader Corona entrega mediante el decreto no. 270-2022 a la empresa minera Barrick Gold 49,847 cinco tareas, equivalentes 3,115.47 hectáreas, más de 31 millones de metros cuadrados, repletas de oro con las comunidades dentro y en este día 8 de enero manda los guardias a despojarlos de sus casas y predios agrícolas, porque los dueños de sus tierras se resisten al saqueo de Barrick”, manifestaron.
Las organizaciones criticaron lo que llamaron una contradicción en la política económica del gobierno que, mientras impulsa una reforma fiscal argumentando la necesidad de aumentar la recaudación, se «regala» la que se considera la mina de oro más grande de América Latina y el Caribe, y la cuarta a nivel mundial.
«¿Por qué el presidente Luis Abinader, en vez de continuar regalando las riquezas dominicanas, no renegoció el contrato en beneficio del pueblo dominicano?», cuestionan los denunciantes, recordando que el precio de la onza de oro ronda los 3 mil dólares.
“Un país se desarrolla cuando sus riquezas son utilizadas para educar al pueblo, para darle poder adquisitivo a la gente que ganen salarios dignos que puedan vivir con calidad, con salud, con seguridad y de todo eso carecemos los dominicanos, porque nuestras riquezas son entregadas a transnacionales como la Barrick Gold”, manifestaron.
Se plantearon la interrogante sobre el destino de las ganancias generadas por la explotación del oro y la falta de inversión en áreas clave como educación, salud y seguridad, mientras la canasta familiar supera los 44 mil pesos mensuales, un monto inalcanzable para el 80% de la población que percibe ingresos de 20 mil pesos o menos.
Indicaron que Barrick Gold saca más de 800 mil onza de oro cada año provocando un grave impacto ambiental que incluye la contaminación y sequía de ríos por la presa de cola de El Llagar, y la potencial desaparición de más de diez fuentes acuíferas con la nueva concesión.
Recordaron la situación del grupo «Los Encadenados», quienes llevan 14 años exigiendo su reubicación debido al peligro que representa vivir debajo de la presa de cola, sin que ni la empresa ni el gobierno hayan dado respuesta a sus reclamos.
“La Barrick Gold fue expulsada de Chile, nosotros podemos expulsarla también, porque los perjuicios que ocasiona son mayores que los beneficios, incluso el gobierno violando la ley de hidrocarburo le exonera un millón 400 mil galones de combustibles fósiles, donde la ley pone un impuesto de 5%”, expresaron.
Finalmente, las organizaciones hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional a defender los derechos de las familias afectadas y a repudiar el «saqueo» de los recursos naturales.
Por Roberto Tiburcio