Santo Domingo.- La Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Digesett) destituyó esta tarde a la encargada del Departamento de Centros de Retención Vehicular con asiento ( El Canódromo), coronela Ysabelita de los Santos Pérez (PN) y en su cargo designó al teniente coronel de la Policía Nacional Hipólito Antonio Rijo Santana.
La medida está contenida en el memorandum 0484-22, emitido este lunes, firmado por el director de la Digesett, el general de brigada Ramón Guzmán Peralta, en el que instruye a Rijo Santana a recibir dicha función y desempeñarla apegado a los normas legales e institucionales establecidas.
La destitución de De los Santos Pérez se produce horas después de que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y periodistas fueron agredidos en el lugar por agentes de la Digesett.
La agresión se produjo cuando el defensor del Pueblo, acompañado por la prensa, trataba de realizar una inspección en un depósito de vehículos conocido como el “canódromo”, ubicado en la capital dominicana.
Los agentes rompieron la cámara de un fotógrafo del periódico Listín Diario y retuvieron otras cámaras de profesionales de prensa, según afirmó Ulloa.
Un miembro del equipo del Defensor del Pueblo tenía una herida en el labio y el propio Ulloa fue repelido a empujones por los agentes cuando trataba de entrar a las instalaciones del depósito de vehículos.
En declaraciones a periodistas, Ulloa dijo que fue una “violación flagrante dirigida por la directora del centro del canódromo” y anunció que interpondrá una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
La Digesett calificó el incidente como un hecho muy lamentable e informó que ordenó una amplia investigación sobre el caso.
La institución afirmó que no tiene nada que esconder en éste ni en ninguno de los centros de retenciones en todo el país, mucho menos al Defensor del Pueblo.
En un comunicado de prensa, expresó que el lamentable escenario que se presentó en el Canadrono se debió a que no hubo ningún tipo de notificación previa para la entrada de la comisión que encabezó el Defensor del Pueblo, tal y como lo establece el artículo 69-10 de la Constitución, que versa sobre el debido proceso.
Expresó su respeto a la libertad de prensa y a los reporteros de distintos medios, ya que estos son un garante de la transparencia en que los servidores públicos deben ejercer su función.