Santo Domingo.- La decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que envió a prisión preventiva y domiciliaria a diez imputados de corrupción administrativa en el Caso Coral 5G representa una muestra de la solidez de los expedientes del Ministerio Público y de que la lucha contra ese flagelo avanza en República Dominicana, resaltó el procurador adjunto Wilson Camacho.
“Nosotros presentamos para el conocimiento de esta medida de coerción a 12 imputados, y de esos 12 imputados, 10 han quedado con medida de coerción privativa de libertad, lo que nos parece un reconocimiento más a la contundencia de los procesos que nosotros presentamos ante los tribunales”, resaltó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho detalló que cinco de esas personas quedaron privadas de libertad con prisión preventiva y otros cinco con arresto domiciliario, en tanto que a otros dos les fue impuesto impedimento de salida del país y presentación periódica.
“Repito, este es un reconocimiento a la contundencia de los procesos que presenta el Ministerio Público ante los tribunales. Nosotros hemos repetido una y mil veces, que presentamos los procesos ante los tribunales, blindados, y esto es otra muestra más de que no lo decimos por decir, sino que cumplimos con la palabra que nosotros empeñamos en este sentido”, enfatizó.
En ese mismo orden, agregó “es una muestra además de que la lucha contra la corrupción avanza en República Dominicana”.
Camacho reconoció que tienen un largo camino que recorrer, “pero no nos detenemos; y hay algo, este proceso de lucha contra la corrupción en República Dominicana, no hay fuerza humana que lo pueda detener”.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este martes medidas de coerción a 12 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G y declaró el caso complejo.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN), al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD) y al coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) presentación periódica e impedimento de salida del país.
La prisión preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El tribunal control del caso será el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y la revisión obligatoria fue fijada para el 14 de marzo de 2022.
En el caso del general Julio Camilo De los Santos Viola, se conocerá medida de coerción en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre una recusación a la jueza Romero.
En el transcurso de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
En el proceso el Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.