Para nadie es un secreto que la proliferación de la prostitución en Sosúa afecta la imagen de ese destino, provoca la queja constante de sus ciudadanos y el reclamo del sector turístico organizado para que se busque solución a este problema.
El gran drama de la República Dominicana es que, cuando un problema se prolonga en el tiempo, pedimos la solución, “no importa cómo”. El drama de la prostitución en Sosúa que creció durante años de manera alarmante, ante la mirada indiferente de todas las autoridades, hoy se pretende resolver con mecanismos de dudosa legitimidad.
Estamos plenamente de acuerdo que la prostitución tiene que sacarse del centro turístico de Sosúa, para que ese destino recupere su espacio como destino turístico de familia.
Todo parece indicar que la solución identificada por el procurador general de la República, es una brecha legal que tiene la ley de migración que establece lo siguiente:
“CAPITULO 111: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INMIGRACION Y PERMANENCIA
SECCION I: DE LA NO ADMISION
Art. 15.-
4. Lucrarse con la prostitución, el tráfico ilegal de personas o de sus órganos, el tráfico ilegal de drogas o ser adicto a la misma o fomentar su USO.”
En la práctica lo que se hace es que bajo este argumento se le retira la residencia que tenga la persona y se procede a su deportación.
Desde luego esto tiene de entrada el problema de que es una decisión más bien administrativa, el procurador determina que este se lucra de la prostitución, que se dedica al proxenetismo, a la trata de blancas y se procede a retirarle la residencia, anular su documento migratorio y deportarlo, no se requiere un sometimiento judicial, ni la decisión de un tribunal de justicia, basta con que así lo determine el procurador.
Nadie duda de la seriedad del procurador general, pero decisiones de este tipo que afectan la vida de personas que tienen años residiendo en el país, en algunos casos con millonarias inversiones en la zona deberían estar sujetas a un procedimiento legal, deberían ser tomadas por un tribunal de justicia y no por un funcionario, por muy serio que este sea.
Ni que decir que de esta manera se afecta a los extranjeros acusados de proxenetismo y no así a los dominicanos que puedan ser acusados de lo mismo. Estos no pueden ser deportados.
Lo otro es que se hace selectivamente en este caso en Sosúa, Cabarete y tal vez en Boca Chica, no he escuchado ninguna deportación de extranjeros o sometimiento de dominicanos por proxenetismo y trata de blancas, en Santiago, por ejemplo, de donde es oriundo el procurador, y según dicen algunos, yo no lo puedo afirmar, porque no he estado allí, lugares como Pasión, Ilusión, en las afueras de la ciudad, Twenty Two sobre Colinas Mall y otros, sobreabundan de mujeres que se dedican al viejo oficio.
Ni que decir de la prostitución callejera alrededor de la Plaza Valerio, del Monumento a los Héroes de la Restauración, de la avenida Caamaño en Puerto Plata o el Centro de los Héroes en la capital.
Cuando se han planteado soluciones al tema de Sosúa la mayoría de las personas entiende que lo que debe hacerse es establecer una zona de tolerancia, ante este argumento se dice que eso sería ilegal y que las autoridades no pueden favorecer este tipo de solución.
El procurador general de la República que ha ocupado esa posición del 2004 al 2006, y ahora lleva dos años en el cargo, que fue fiscal del Distrito Nacional del 97 al 2000 y que fue senador del 2006 al 2010, es decir ha estado del lado de hacer cumplir la ley y del lado de redactar la ley, ha tenido tiempo de buscar una solución, verdaderamente sensata, incluso si esta hubiera implicado someter la aprobación de una ley que regule esas prácticas en el país.
Se prefiere sin embargo la propuesta quijotesca de pretender eliminar lo que no ha podido eliminar ni la religión, ni el comunismo, solo el más extremo fundamentalismo religioso ha podido contener, en algunos lugares del mundo, la prostitución. Pretender con medidas de franca inquisición como la deportación de extranjeros resolver el problema es no solo utópico sino además risible.
Sosúa requiere una solución racional del tema de la prostitución que no parece ser otro que establecer un área, una zona en donde eso se dé, lejos del ambiente turístico familiar. Para eso es necesaria la participación de todos los sectores en identificar soluciones.
El caso más reciente, el del empresario italiano Armando Casciati es bastante ilustrativo de los riesgos del proceder decidido por el licenciado Domínguez Brito, algunos dicen que con el asentimiento del mismo presidente Danilo Medina.
De entrada, su deportación bajo el argumento de proxenetismo entra en contradicción con la excepción establecida por esa misma ley 285-04, que expresa claramente:
“Artículo.- 123 Podrá no ordenarse la deportación o expulsión del extranjero prevista en los artículos anteriores, de la presente ley, en los casos siguientes:
B) Cuando tuviere una residencia legal, pacífica y continua en el país superior a los 10 años, a partir de su ingreso legal correspondiente.”
Casciati tiene más de catorce años residiendo en el país.
Las inversiones principales de Armando Casciati en Sosúa, son el hotel Sosúa Bay, el Sosúa Bay Convention Center, el canal de televisión Costa Norte Network y otras inversiones inmobiliarias que hoy en día son improductivas por la merma en el turismo de Sosúa.
No bastaba, si el problema era el manejo de sus centros nocturnos Merengue Bar, D´Clase y otras propiedades del empresario, el cierre de estos previa comprobación de la comisión de ilícitos contemplados en el código penal dominicano.
¿Qué acciones, tomará la procuraduría y el grupo de empresarios y autoridades turísticas que promueven esta cruzada inquisitoria, contra los dueños de negocios de similar jaez, que son dominicanos y que no pueden ser deportados?
¿Es este el mensaje que le damos a inversionistas internacionales que vienen al país e invierten 20, 30 0 40 millones de dólares, en negocios que luego no tienen el retorno esperado?
¿Fortalecen estas acciones el clima de inversión en el país?
La República Dominicana ha estrenado hace poco un Tribunal Constitucional, en muchos lugares llamado de: “Garantías Constitucionales”, este tipo de acciones garantizan el debido proceso, de que tanto habla el Ministerio Público? No se han violentado en la misma derechos fundamentales de este empresario extranjero con cuantiosas inversiones en el país y con más de 10 años “residiendo de manera legal y pacífica” en el país?
Obsérvese que no estamos haciendo juicios de valor sobre las acusaciones de que ha sido objeto Casciati en el pasado, sencillamente porque no ha sido condenado por un tribunal por ninguna de ellas.
Cualquiera puede sentirse tentado a pensar que esto forme parte de un plan para que, deportado del país, éste se vea forzado a vender las cuantiosas inversiones que tiene a precios de “vaca muerta”.
La inquisición moderna iniciada por el procurador a instancias de empresarios y autoridades de turismo de la zona, dista mucho de ser la solución al problema de Sosúa.
Cualquier actuación sensata y racional en esa dirección contaría con nuestro respaldo, acciones draconianas, unilaterales y a todas luces selectivas como estas no.
Ojalá se reflexionara sobre el tema independientemente de si Armando Casciati nos cae bien o no.
Por Edgar Lantigua