El periodista y escritor Miguel Guerrero sostiene que la lucha por la defensa del derecho de asociación, en su valor íntegro y verdadero, tiene tareas pendientes y está lejos de haber terminado con la victoria en 1991 contra el intento de supeditar el ejercicio del periodismo a la pertenencia de un colegio obligatorio.
“El derecho de asociación implica el derecho a no asociarse”, señaló. “Mientras no se lo entienda en todo su valor, no estará del todo garantizado”.
Guerrero hizo la afirmación en referencia a su más reciente obra titulada “Jaque a la libertad. El derecho de No asociación”, puesta en circulación el 23 de febrero pasado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).
La colegiatura obligatoria “violenta ese derecho”, dijo Guerrero, quien es Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia.” Y crea clanes y élites que terminan adueñándose de esferas profesionales, imponiendo medidas que riñen con normas jurídicas, leyes y constituciones, como son los casos en el ámbito de la Ingeniería y Arquitectura, la Medicina y el Derecho, entre otros”.
Guerrero dijo que se entiende perfectamente que el ejercicio de la medicina y la de otras profesiones liberales debe estar regulada, pero que esa regulación no puede afectar la voluntad de aquellos que se prepararon y llenaron todos los requisitos establecidos por la ciencia y las leyes para ejercerla.
“Para practicar la medicina hay que ser médico, obtener un título universitario que así lo garantice y un exequátur del Estado. Pero la autoridad que eso supone no puede ser suplantada o sujeta a regulaciones de origen privado o de otro orden, ni a la obligación a afiliarse a una institución, sea un colegio o un sindicato”, indicó.
Dijo que la Constitución dominicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que el país es signatario, consagran y garantizan ese derecho y como tal, derecho al fin, se ejerce a discreción, es decir, nadie puede ser obligado a pertenecer a una institución o grupo con el que no tiene afinidad y menos ser prohibido de ejercer su profesión por la voluntad de grupos privados, que en definitiva es lo que son los colegios profesionales”.
“Insisto que esa es una discusión que no ha terminado y sería lastimoso que siguiera pendiente”, afirmó.
Guerrero citó al doctor Ramón Tapia Espinal quien jugó un papel importante en la lucha de 16 años contra el intento de supeditar la práctica del periodismo a la pertenencia de un colegio de filiación obligatoria, señalando lo dicho por el eminente jurista de que en el país “nadie puede ser obligado, por ley ni por ningún otro instrumento jurídico emanado de los poderes públicos, o de acuerdo entre particulares, a formar parte de una asociación, cual que sea la naturaleza de esta”.
Agregó que en un artículo publicado el 17 de noviembre en El Caribe, en el marco de esa lucha, Tapia Espinal citó a Georges Burdeau, destacado jurista francés, que en su obra “Las libertades públicas”, al estudiar el alcance de la libertad de asociación escribió que la libertad “no es solamente el derecho de crear asociaciones, sino también aquel de no ser constreñido a adherirse a ella”.
Indicó que la ley que creó finalmente el Colegio Dominicano de Periodistas, promulgada en 1991 al cabo de década y media de confrontación, fue una victoria épica a favor de la libre expresión y la libertad de prensa, pues al eliminar el requisito de la obligatoriedad, sentó las bases para liberar a los profesionales liberales de la odiosa obligación de inscribirse en una entidad para practicar la actividad para la que se ha preparado.
La colegiación obligatoria, sostuvo, violenta otros derechos, como el derecho al trabajo, para citar solo otro ejemplo.
Guerrero dijo que se ha pretendido justificar las colegiaciones obligatorias como un instrumento para mejorar la calidad del ejercicio profesional y las condiciones laborales de sus miembros, pero la experiencia “dice todo lo contrario”.
En el caso del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores CODIA, por ejemplo, la ley que lo creó hace décadas estableció en su favor un impuesto del 1 por ciento del costo de toda obra pública y privado, lo cual significa cantidades que escapan a la imaginación y cabe preguntarse “¿en qué se han beneficiado sus miembros de ese dinero recaudado? También advirtió que los códigos de ética han sido dagas clavadas en las gargantas de sus miembros para garantizar el dominio de clanes sobre algunas de esas entidades colegiadas.