Santo Domingo.- Participación Ciudadana (PC) ha presentado su cuarto informe de observación electoral, enfocado en la campaña que se inició el pasado 8 de marzo y que culminará con la elección presidencial y de un nuevo congreso el próximo domingo 19.
En este informe, la organización no partidista expone una preocupante realidad: el uso irregular de los recursos públicos en beneficio del partido o bloque dominante, una práctica arraigada en la historia política dominicana y que ha alcanzado niveles cada vez más alarmantes tanto en los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como en la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Destaca que el uso deliberado de programas públicos con la intención de influir en el electorado se hace evidente a medida que se acercan las elecciones, a pesar de que la ley de régimen electoral prohíbe utilizar las instituciones u órganos del Estado para promover candidatos o partidos políticos, así como el uso de áreas físicas, equipos y personal pertenecientes al Estado para fines electorales.
Participación Ciudadana dice que dos actividades de campaña del actual presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader, violan estas disposiciones: Un spot relacionado con la seguridad en la frontera y un documental que utiliza material del Estado dominicano para fines electorales, “ambos casos constituyen un abuso de los recursos públicos para promover una candidatura”.
“Al margen de la necesidad de determinar si este spot está siendo pagado con fondos del partido o con fondos públicos, en el mismo se utilizan las imágenes de los militares dominicanos en la frontera, equipos militares como vehículos, drones, tanquetas y los espacios de seguridad, como la verja en construcción y puestos de vigilancia”, dice el informe.
Mientras que la segunda violación es un documental presentado a partir del 8 de mayo en varios medios de comunicación, en el que se utiliza material de imagen y sonido que pertenece al Estado dominicano.
“Aun cuando este documental no haya sido producido con recursos públicos, la utilización de imágenes dentro del Palacio Nacional para fines electorales está prohibida, ya que constituye un elemento de privilegio para cualquier candidatura a la reelección”, indica la entidad.
Señala que la inversión en publicidad gubernamental ha sido exorbitante en los últimos años, con un aumento significativo en los gastos destinados a este fin. En el 2023, se gastaron RD$8,786 millones en publicidad, de los cuales el 74% tuvo lugar en la segunda mitad del año.
Para el 2024, se destinaron RD$8,163 millones, con un gasto de RD$3,177 millones en los primeros cuatro meses del año, particularmente durante el período de intensificación electoral.
“De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024, seis veces y medio más que en igual período del año anterior”.
Dice el informe que la publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.
“No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo que espera la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor”, expresa.
“Insistimos en que los datos expuestos provienen de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, por lo que no se incluyen los montos dispuestos a este fin por las instituciones autónomas, los ayuntamientos, los bancos del Estado y los fideicomisos públicos, que también incluyen habitualmente la contratación de publicidad. Es decir, probablemente el presupuesto asignado a este fin es mucho mayor”, agrega.
Dijo que otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales.
Afirma que resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.
Participación Ciudadana también ha monitoreado los gastos en publicidad electoral por parte de los partidos y candidatos durante el mes de abril de este año.
El informe revela que el PRM gastó 107.9 millones de pesos, La Fuerza del Pueblo 76.5 millones, el Partido Reformista Social Cristiano 49.9 millones, el Partido de la Liberación Dominicana 31.0 millones, el Partido Revolucionario Dominicano 10.9 millones y la Fuerza Nacional Progresista 4.5 millones. Estas cifras, sumadas, representan una cantidad significativa de recursos invertidos en publicidad electoral en un solo mes.
La organización no partidista insta a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso electoral, así como a la ciudadanía a estar atenta y exigir el respeto a las normativas electorales.
Por Roberto Tiburcio