Mao, Valverde.- Varias organizaciones comunitarias del barrio Don Bosco, en Mao, Valverde, pidieron a la gobernación provincial, a la Fiscalía y a la comandancia policial que los ayude a desmantelar diferentes puestos de drogas que han infestado al sector y ocasionado como consecuencia enfrentamientos a tiros y armas blancas.
En un documento conjunto de la Junta de Vecinos Alicia Almonte, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Escuela Primaria Padre Luis Variara, el Oratorio Centro Juvenil Don Bosco y el Movimiento de Fuerza Nuevo Don Bosco, que fue firmado por decenas de residentes del barrio, piden que se cierren varios negocios que se citaron como foco principal del problema.
«Solicitamos, pedimos o rogamos el cierre total de los negocios Colmado Minerva, 4P y El Timacle» y se proceda a incautar «el auto bocina de Robert #1 y de aquellas casas que alojen delincuencia», indica la carta sometida a las autoridades.
Se informó que esos establecimientos se han cerrado varias veces y la Fiscalía ha desmantelado sitios de drogas, pero dentro de un tiempo emergen con más fuerza y crean otros locales. De acuerdo con los vecinos, cuando las autoridades realizan un operativo los delincuentes son alertados por agentes del orden público que supuestamente están «comprometidos».
A finales del año pasado, fueron apresadas cuatro personas durante operativos preventivos realizados en el barrio Don Bosco y en Santiago Rodríguez, donde se ocuparon 74 porciones de estupefacientes, con un peso aproximado de 58.6 gramos, celulares y dinero en n efectivo.
De acuerdo con la Policía Nacional, dos de los detenidos fueron sorprendidos en el sector Don Bosco, donde se ocuparon la mayor parte de las sustancias prohibidas, como marihuana, cocaína y crack. Los otros dos presuntos distribuidores fueron detenidos en pleno toque de queda cuando caminaban por la calle Sánchez, en el centro de la ciudad de Santiago Rodríguez.
La información fue distribuida por el periodista Antonio Espinal, nativo del sector Don Bosco, pero residente en Estados Unidos, quien prometió transmitir el problema a la procuradora general de la República, Miriam Germán, y al Mayor General Lic. Edward Ramón Sánchez González, Director General de la Policía Nacional.