Santo Domingo.- El Senado aprobó este miércoles en primera lectura, el Proyecto de Ley del Código Penal de la República Dominicana, en el que quedaron excluidas las tres causales del aborto.
El proyecto presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao y Virgilio Cedano, fue aprobada con una votación de 23 de 27 senadores presentes en la sesión del Pleno, luego de que se presentara el informe del estudio del proyecto.
El vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y uno de los proponentes de la iniciativa, Ramón Rogelio Genao, explicó que la pieza aprobada penaliza el aborto electivo. Esto por considerar que se trata de un asesinato.
“No podemos permitir que el aborto se convierta en un método anticonceptivo en la República Dominicana”, dijo.
De su lado, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Aris Yvan Lorenzo, propuso excluir el artículo 110 de la pieza. También todo lo que tiene que ver con el aborto para que sea conocido en una ley especial, lo que fue rechazado por 21 de 27 senadores presentes.
Mientras que la senadora por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, presentó una propuesta para modificar el artículo 112 del informe aprobado por la comisión que lo estudió.
La modificación propuesta por la legisladora busca que el Código Penal no sancione a profesionales de la salud que intervengan para preservar la vida de la mujer antes de 12 semanas de gestación. Esto es, que interrumpan embarazos en los centros de salud autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Los procedimientos se harían cuando peligre la vida de la madre.
Esta moción fue rechazada con 21 votos en contra de un total de 28 senadores presentes.
El Proyecto de Ley del Código Penal tiene el propósito de regular nuevos tipos penales, reformando de manera íntegra el derecho penal dominicano con la finalidad de proveer soluciones a la justicia, haciendo más efectivo su funcionamiento en el contexto de los principios de legalidad, equidad y razonabilidad.
La normativa indica que el Estado podrá cumplir con su función esencial, consistente en la protección efectiva de los derechos de las personas y la protección de los bienes jurídicos. Además, permitirá un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
El proyecto será conocido en segunda lectura en la próxima sesión de la Cámara Alta.