El gobierno tiene obligación de probar en los hechos que la convocatoria a un Pacto de Nación para la defensa de la soberanía nacional no es jugarreta electoral, sino una iniciativa para afrontar tentativas foráneas por involucrar a República Dominicana en la crisis de Haití.
Una sucesión de hechos consolidan la sospecha de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con el visto bueno de Naciones Unidas (ONU) y OEA, procuran que el gobierno dominicano acarree la carga mayor en cualquier escenario de solución del drama haitiano.
Me incluyo entre los que creyeron que la propuesta que formuló el presidente Luis Abinader para la conformación de una política firme, estratégica y uniforme sobre Haití, tuvo el propósito de aliviar el daño político que causó al gobierno el proyecto de ley sobre trata de personas e inmigración ilegal.
Ese pudo haber sido uno de los propósitos, pero el escenario que se ha conformado alrededor de la crisis de Haití, convierte la propuesta presidencial en una necesidad nacional, más aún si las presiones que recibe el gobierno desbordan ya el límite de lo tolerable.
El primer gran oleaje de imposiciones y amenaza contra República Dominicana se produjo a partir de la negativa presidencial a firmar la declaración de la Cumbre de Las Américas, un documento infame que convertiría al territorio nacional en destino esencial de la migración haitiana.
Estados Unidos emitió sucesivas denuncias sobre supuestas violaciones a derechos de trabajadores azucareros o de discrimen racial, lo que conllevó a Washington a vedar importaciones de azúcar y a su embajada a alertar a afroamericanos sobre riesgos aquí de malos tratos.
Las presiones se agudizan a tal extremo que dos días después de que el Presidente invitara a integrar un Pacto de Nación, Barbara Feinstein, subsecretaria del Departamento de Estado, vino a inspeccionar la zona fronteriza, incluidos los cuarteles militares.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, después de expresar congoja por las deportaciones de miles de haitianos desde el lado dominicano, anuncio ante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), la donación de US$12.5 millones a agencias internacionales relacionadas con la migración para que se asienten en la frontera del lado haitiano.
Se recuerda que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, viajó intempestivamente a Puerto Príncipe desde donde reiteró su denuncia sobre repatriaciones de haitianos, incluidos niños sin acompañamientos y parturientas.
Por esas y otras muchas razones, el gobierno debe acicalar su propuesta de Pacto de Nación, que aun en tiempos de zafra electoral, debería convertirse en autentica peña de la diversidad política y social para promover y defender la soberanía nacional.
Por Orión Mejía