El expediente Operación Medusa, entramado de corrupción en el cual el Ministerio Público implica al ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, a otras 40 personas y a 22 empresas, afecta muy seriamente la reputación del liderazgo empresarial o de la figura del gobierno corporativo.
Los intangibles negativos derivados de las acusaciones de soborno, estafa, lavado de dinero y otras infracciones de naturaleza criminal, dañan la imagen de un empresariado cuyo prestigio no descansa en las acciones de su directorio, sino en los apellidos o abolengos familiares.
Textos sobre gobernanza corporativa refieren sonados casos de empresas que han colapsado por malas prácticas atribuidas a sus directorios o gerentes, que incluyen escándalos de corrupción, soborno o evasión fiscal, pero muy pocas veces se vinculan en esos ilícitos a las familias de principales accionistas.
La razón principal por la que en naciones desarrolladas el directorio empresarial es quien responde por violaciones a leyes penales, mientras que aquí el fardo imputable recae en los apellidos, estriba en que en esos países, las empresas cotizan en mercados bursátiles y aquí apenas mercadean papeles de créditos.
Desde Ulises Heureaux, sucesivas generaciones de familias han impulsado consorcios empresariales vinculados con la producción agropecuaria, comercio, importación y exportación en ambiente de inestabilidad política, economía montonera y de una tiranía sin ejemplo.
Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, se protege la marca y aquí hay que blindar el apellido, porque a los consumidores de ese país no les importa quién es el dueño de McDonald’s o de KFC, sino la calidad y precio del producto, aunque millones de accionistas exigen que los directorios empresariales actúen apegados a la ley y al régimen de gobernanza corporativa.
El expediente Medusa, en el que figuran encartada 22 empresas relacionadas con la construcción, proveedores y servicios, provoca daño a la reputación de todo el universo de marca, responsabilidad, liderazgo y solidez empresarial, por lo que ese caso debería preocupar a todo el sector productivo.
El presidente de un banco de connotadas familias empresariales violentó el régimen de gobernanza de esa institución y virtualmente la colocó al borde de la quiebra. Los jefes de esos núcleos familiares restituyeron con sus patrimonios los capitales dilapidados para evitar que sus respectivos apellidos quedaran manchados. Así se cuida el abolengo. Ante la inclusión de una veintena de empresas en el expediente de corrupción más voluminoso y complejo de la historia jurídica nacional, conviene que el liderazgo empresarial emprenda desde hoy mismo políticas corporativas destinadas a blind