A más de un año de una pandemia que causa miles de muertos y zarandea las estructuras productivas de la nación, la sociedad dominicana vive un momento histórico de inflexión que obliga a promover urgentes reformas políticas, económicas y sociales o correr riesgo de tomar camino al despeñadero.
Es difícil que un gobierno de cualquier partido pueda cumplir con sus expectativas electorales si solo dispone como instrumento de acción un Presupuesto General del Estado con más una tercera parte de su estimado de ingresos comprometido con el servicio de la deuda pública.
Un amplio porcentaje de los ingresos públicos está consignado a Educación, Justicia, Congreso, salud, ayuntamientos, recursos que se degradan en una burocracia enferma de hidrocefalia, por lo que el endeudamiento sería el único camino posible para financiar proyectos de desarrollo.
El Gobierno parece compelido a promover una reforma que eleve la fiscalidad de un 13% del PIB a un 16 o 17%, pero emprender esa iniciativa sin previo consenso político, económico y social, sería como jugar con gasolina y fósforo.
Líderes de oposición y del propio partido oficial advierten sobre el daño colateral que produciría aplicar el conjunto de reformas que requiere la economía, pero el recetario que se ofrece recrea la canción aquella de que “ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio…”
Es imperativo reformar el régimen de Seguridad Social, que incluye transformar el sistema pensional y la prestación de servicio de salud, lo que supone afectar intereses poderosísimos que por más de 20 años obtienen enormes utilidades a costilla de los ahorrantes y afiliados.
La modificación del Código Laboral ha sido sugerida con el propósito de conculcar conquistas de los trabajadores que datan de la era de Trujillo, lo que constituye otro reto altamente inflamable, que requiere de un espumante suplido por un diálogo tripartito.
Sin diálogo incluyente, en el que fluya amplia voluntad de consenso político, empresarial y sindical, el camino alterno sería el que conduce al despeñadero social e institucional, como ocurre hoy en Colombia y como ha ocurrido en Chile, Argentina y Ecuador y en casi toda América Latina. El Fondo Monetario Internacional resalta que la economía dominicana ha mantenido por un decenio un crecimiento robusto, pero sugiere el diseño y ejecución de un conjunto de reformas que abarca la fiscalidad, sector eléctrico y al Banco Central.
El expresidente Leonel Fernández ha sugerido posponer las diligencias de reformas para que el Gobierno procure junto a otros gobernantes de la región la obtención de recursos por parte de organismos multilaterales para afrontar la pandemia y su afectación sobre la economía. El problema es de tiempo.
Por Orión Mejía (orion_mejia@hotmail.com)