El video que muestra a niñas de una escuela pública en coreografía de baile que muestran su ropa interior, el alumno que agredió con un machete su directora, y el alijo de armas blancas decomisado en otro plantel, son apenas señales de un mal mayor que afecta a la educación dominicana.
Sobre ese flagelo, el ministro de Educación aplica una fórmula que cree infalible, al señalar que lo que ocurre en la escuela es reflejo de lo que sucede en la familia, en tanto que el presidente del gremio de los maestros lo atribuye principalmente a deficiencia del currículo escolar.
Autoridades y profesores deberían estar de acuerdo en que el problema no es por falta de dinero, aunque siempre será de provecho que el Gobierno dirija más recursos a la Educación, pero un 4% en proporción al PIB son hoy más que suficientes.
El sistema educativo dominicano carece de una estrategia que garantice planificación previsible y continua en conexión con la Estrategia Nacional de Desarrollo. La impresión que se ofrece desde el ministerio y el gremio es la de improvisación e indiferencia.
Hoy en día, significativos avances en políticas educativas, como las escuelas vocacionales y las tandas extendidas, han quedado varadas en laberintos de convenientes politiquerías o extravíos técnicos, cubiertos ambos con mantos de absurdas justificaciones del por qué no se muda ni un paso.
La sociedad civil, a través de esquemas participativos en ámbitos de investigación y promoción de políticas educativas o de la academia universitaria, sugiere recetas o remedios, la mayoría de acción limitada a específicos conglomerados sociales.
Puede decirse que la Escuela Pública no ha tenido dolientes, como tampoco los gobiernos, liderazgo político, empresariado ni academia, han hecho lo suficiente para disminuir sustancialmente la iniquidad económica y social.
La mentada revolución educativa no sería posible sin que simultáneamente los gobiernos, junto al sector productivo y la clase política, encaminen políticas disruptivas que acerquen a la familia al ideal de justicia y equidad.
El ministro tiene razón al vincular con la familia las fatalidades que ocurren hoy en las aulas, como también la tiene la ADP, cuando lo atribuye a la carencia de currículo adecuado, pero en ambos casos se requiere unificar la calidad de la enseñanza con la consolidación del núcleo familiar.
El aula y la familia deberían enlazarse para bien y no para mal, en el entendido de que la garantía de esa sana vinculación le corresponde, en lo particular a la comunidad educativa (autoridades, maestros, academias, padres y tutores), y en lo general al gobierno y a la clase política.
Por Orión Mejía