La lista divulgada por Estados Unidos con más de cincuenta funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, a los que califica de “actores corruptos y antidemocráticos”, consolida el criterio expuesto en esta columna de que los procesos contra la prevaricación en América Latina obedecen a un momento de inflexión externa y no al capricho de los gobiernos.
Entre los 55 nombres se incluyen a los expresidentes de Guatemala Álvaro Colon (2008-2012), señalado en irregularidades en la asignación de un contrato de transporte público, y Porfirio Pepe Lobo, de Honduras (2010-2014), acusado de recibir sobornos de un narco cártel.
Esa lista fue preparada por el Departamento de Estado en cumplimiento de una ley votada en diciembre pasado que le otorgó 180 días para identificar a quienes en esos países estuvieran en “corrupción significativa”. Se le conoce como “Lista Engel”, porque fue patrocinada por el legislador Eliot Engel.
Los mencionados en esa lista pertenecen a los tres países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, donde emigran grandes caravanas hacia Estados Unidos, vía México, que el gobierno de Joe Biden se propone desalentar mediante inversiones para el desarrollo económico y perseguir la corrupción.
Se recuerda que el presidente Jimmy Morales puso fin abruptamente en 2019 al acuerdo con Naciones Unidas para la permanencia en Guatemala de la Comisión Internacional contra la Impunidad, a cuyos funcionarios expulsó del país, lo que se atribuyó a que los fiscales extranjeros investigaban a su entorno político y familiar.
La Lista Engel, que incluye 21 hondureños 20 guatemaltecos y 17 salvadoreños, acusa también a esas personas de “obstruir la justicia y socavar la democracia”, por lo que el Departamento de Estado les canceló el visado para viajar al imperio.
Los expedientes de corrupción abiertos en República Dominicana no se corresponden con alguna estrategia infernal del gobierno, aunque intente sacar provecho político, porque ese es un producto originario de Estados Unidos, en un paquete que incluye narcotráfico, lavado y trata de blanca.
Fue por esa razón que censuré que el congreso del Partido de la Liberación (PLD) no abordara el tema de la corrupción con profundo espíritu reflexivo y de autocrítica, toda vez que se convirtió en un punto de inflexión histórica que la población reclama combatir y conjurar de manera definitiva.
La prevaricación debe ser combatida en los mismos términos que se intenta contener la pandemia, porque se trata de un flagelo económico, social y político altamente contagioso que daña los pulmones institucionales, tras lo cual la perece la gobernanza por no poder respirar.
Por Orión Mejía (orion_mejia@hotmail.com)