Después de muchos años de indiferencia, negligencia y complicidad, se pretende ahora sobreactuar en la aplicación de la Ley de Migración con escenas tan deplorables como las de apresar y deportar de inmediato a embarazadas haitianas que acuden a consulta médica en maternidades públicas, como si el mal estuviese en la sabana.
Ese proceder de la Dirección de Migración tiene el efecto de desmantelar pelo a pelo el bigote de un tigre, cuyos colmillos y garras lo representan las mafias que transportan desde Haití hasta las emergencias hospitalarias a miles de parturientas y grandes empresarios que contratan mano de obra ilegal.
Con el malsano objetivo de asociar a República Dominicana con la profunda y dilatada crisis que padece el vecino, sectores internos y externos regurgitan una degastada campaña de descrédito contra el gentilicio nacional al que acusan de racista, xenófobo y creador de apátrida.
Apresar y deportar sumariamente a mujeres embarazadas que acuden a hospitales estatales contribuye con el despropósito de desacreditar al Estado Dominicano, como ocurrió con gran intensidad cuando el Tribunal Constitucional pronunció la sentencia 168 sobre el alcance de la nacionalidad.
Lo sensato sería impedir el ingreso o trasiego de embarazadas por la frontera que al parecer ingresan con la indiferencia o complicidad de autoridades nacionales civiles o militares en asociación con mafias haitianas, pero no estableciendo cerco migratorio alrededor de emergencias médicas.
El gobierno dominicano se ofreció para gestionar recursos ante las economías desarrolladas para financiar hospitales en comunidades fronterizas de Haití, pero esa propuesta no encontró interés ni en el beneficiario ni en los posibles donantes.
Después de lo que dijo el subsecretario de Estado contra el Narcotráfico, Todd D. Robinson, de que Estados Unidos ni la comunidad internacional intervendrían para ayudar a Haití a recuperar aliento de institucionalidad, seguridad y gobernabilidad, corresponde al gobierno dominicano prevenir efectos nocivos de ese desastre.
A eso obedece la permanencia de tropas en la frontera, la instalación de oficinas de fiscalización migratoria y la supuesta voluntad de aplicar la ley de contratación laboral de mano de obra extranjera, pero de lo que hablará la prensa local y extranjera es del apresamiento de mujeres preñadas a la entrada de los hospitales.
El abrupto ingreso de parturientas haitianas en las emergencias hospitalarias es falta imputable a las autoridades que prefieren los mangos bajitos en vez de enfrentar mafias dominico-haitiana responsables de ese drama y sancionar a empresarios e industriales por contratación ilegal de mano de obra extranjera.
Por Orión Mejía