Pablo Ulloa llega a la Defensoría del Pueblo con un muy pesado currículo profesional y con muchos proyectos y promesas de relanzar esa institución y convertirla en un efectivo instrumento de intermediación entre el ciudadano y el Estado.
El proceso de escogencia del Defensor del Pueblo para sustituir a la doctora Zoila Martínez fue difícil y conflictivo, que se prolongó por casi dos años porque grupos fácticos mercadearon el criterio de que ese puesto no debería ser ocupado por gente con historial político.
No se discute que con el nombramiento de Ulloa se cumplió con la ley y que posiblemente Ulloa haya resultado el mejor candidato, pero lo que se pretende ocultar es que la clase política ha sufrido un nuevo revés en su muy deteriorada imagen.
En el editorial del viernes de El Nacional se hace referencia a que Duarte definió el quehacer político como el más puro y digno después de la filosofía, pero hoy se procura impedir que ciudadanos con historial político dirijan instituciones básicas del Estado, como si estuvieran contagiados de covid-19.
La clase política atraviesa por una severa crisis de reputación causada por pocos o muchos líderes y dirigentes que, en contubernio con gente de la sociedad civil, han traicionado la confianza de sus electores o de sus superiores jerárquicos durante gobiernos de hoy, ayer y antier y más atrás.
Aun así, cada cuatro años, los electores acuden masivamente a las urnas a elegir entre las ofertas presentadas por los partidos políticos al presidente y vicepresidente de la República, legisladores y funcionarios municipales, ocasión que creen aprovechar para castigar a los malos y premiar a los buenos.
¿Por qué se descarta a un ciudadano para ocupar una función de dirección en el Estado, solo porque ha tenido un pasado de militancia política? ¿Es que acaso constituye un crimen?
Lo peor de esta triste historia es que son propios líderes y dirigentes políticos los que se desprecian entre sí o promueven desconfianza colectiva contra todo aquel que alguna vez haya desempeñado un rol partidista, sin importar si tienen la condición de mansos o cimarrones.
No se censura que el Senado haya escogido a Pablo Ulloa por sus elevadas condiciones profesionales e idoneidad ética o moral, pero nunca ha debido rechazar a otros aspirantes sólo bajo el infeliz argumento de que han tenido un historial de militancia partidaria.
El ejercicio de la actividad política, no tiene nada que ver con la prevaricación en que incurren fariseos que denigran ese ejercicio vocacional, que debe promoverse siempre como lo definió el Padre de la Patria: un quehacer digno y puro.
Por Orión Mejía