Con la creación de la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción
El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, anunció recientemente la creación de la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), mediante el Decreto 76-25, con el objetivo de integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales de prevención, transparencia y acceso a la información pública.
Con la creación del nuevo organismo anticorrupción, el mensaje es claro, el Mandatario admite el fracaso de la lucha contra la corrupción, no existe estrategia alguna destinada a la prevención y lucha contra la corrupción administrativa, fracasaron, entonces, la Dirección General de Ética E Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República Dominicana, la Cámara de Cuentas, entre otros tantos organismos con el mismo propósito.
La República Dominicana, lamentable es decirlo, nunca ha contado con la voluntad de la clase política para enfrentar el flagelo de la corrupción, al parecer, este es un mal sempiterno, pareciera que los distintos gobiernos que hemos tenido, desde Trujillo hasta la fecha, han hecho un pacto sagrado para ser inútiles al respecto, por lo que, no tenemos esperanza de Chapulín alguno que nos salve.
Lo triste de todo esto, es que estamos en el gobierno del cambio, el gobierno de tolerancia cero contra la corrupción administrativa y, además, el garante de la transparencia, según alegó el mandatario en innúmeras ocasiones.
Lo acostumbrado, no solo por este gobierno, si no, por todos los anteriores, cuando llueven las denuncias de corrupción, cuando se reproducen como la verdolaga rumores sobre hechos que involucran a servidores públicos en actos de corrupción, es la creación de una comisión. La finalidad ulterior de dicha comisión, es distraer la atención, sacar de los medios el tema de la corrupción, sobre todo, cuando involucra a funcionarios de turno.
En el caso de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que dirige la Dra. Milagros Ortiz Bosch, es el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental.
Esta institución está adscrita al Ministerio de la Presidencia y entró en funcionamiento el 21 de agosto de 2012, con la responsabilidad de fomentar la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.
Con la creación de la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), el presidente Abinader le confirma al pueblo dominicano, que tanto la DIGEIG como los demás organismos encargados del combate a la corrupción, han sido un completo fracaso.
Mi lectura, sin embargo, es que el presidente Abinader se contradice, o, sencillamente, como apuntáramos anteriormente, y en consonancia con el accionar de sus predecesores, no tiene voluntad política para enfrentar el grave problema que supone la corrupción administrativa para este pueblo, digno de mejor suerte.
En septiembre del 2024, el primer mandatario anunció un segundo plan de reforma dirigido a unificación y/o fusión de instituciones gubernamentales y así dar continuidad al proceso de reestructuración de la administración pública iniciado en el año 2020 con la fusión de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).
Si como se adujo, el propósito era eficientizar los servicios ofrecidos por las instituciones gubernamentales, reforzar la lucha anti corrupción y, a la vez, ahorrar recursos públicos, entonces, definitivamente, presidente Abinader, el plan falló.
Por Daniel Rodríguez González