La voltereta que ha dado el gobierno haitiano en relación a la construcción ilegal e irregular de un canal de trasvase en el río Masacre, del que antes renegaba y ahora lo respalda con fervor, descarta la posibilidad de habilitar algún conducto dialogante con una contraparte acostumbrada al engaño.
Si bien es cierto que no hay condiciones para negociar con un vecino manipulador e irresponsable, el cierre de la frontera al comercio bilateral agrava la situación de miseria del pueblo haitiano y causa grave daño a la economía dominicana.
De enero a agosto de 2023, las exportaciones dominicanas hacia Haití sumaron 673.3 millones de dólares, equivalentes a US$2.8 millones diario, lo que representa el 8.27 % del total exportado por el país, esto es sin contar las ventas en los diferentes mercados binacionales.
Dirán que para defender la soberanía nacional, el sacrificio económico que causa el cierre fronterizo, sería como “sica de colibrí”, pero sucede que a pesar de esa drástica medida, el grupo privado haitiano continúa la construcción de esa obra, ahora con respaldo del gobierno.
En vez de desalentar el despropósito de desviar el cauce del Masacre, la clausura del paso fronterizo provocó que elites económicas, bandas de forajidos y la mayoría del pueblo haitiano se unifiquen en torno al discurso de que República Dominicana es causa principal del drama de Haití.
La pronta intervención en Haití de una fuerza pacificadora modificaría el cuadro actual de insolvencia institucional y de gobernanza sobre el que se sostiene el dominio de las bandas armadas con padrinazgo de grupos económicos haitianos.
El Gobierno debería olvidarse del convenio sobre buena vecindad y proceder, en cambio, a garantizar el aprovechamiento de las aguas del Masacre en favor de productores y comunidades dominicanas, por vía de obras hídricas como la rehabilitación del dique La Vigía y la construcción de la prensa Don Miguel.
Mantener cerrada la frontera impactaría en un previsible desplome del crecimiento económico, que no alcanzaría el 3 % a final de año, pero que también llevaría a la quiebra a centenares de pequeños y medianos comerciantes, productores, agroindustriales, así como también afectaría a la industria metalmecánica, de cemento, construcción y ferretería.
República Dominicana vive de espaldas a Haití, por lo que ha perdido incidencia sobre su liderazgo y peor aún, el capital haitiano penetra en la economía dominicana, donde ya influye en áreas estratégicas como la generación eléctrica y la distribución de combustibles.
Mi consejo al Presidente seria que aplique medidas que vulneren intereses de elites económicas de Haití que patrocinan bandas armadas, narco, lavado y contrabando de armas, que tienen aquí negocios y son asiduos invitados al jet set nacional.
Por Orión Mejía