Desde hace mucho tiempo los trabajadores dominicanos vienen luchando por una verdadera reforma laboral, que garantice los derechos, de este sector responsable fundamental en la creación de la riqueza de la nación, por lo que se hace necesario enfrentar las desigualdades que padecen, promoviendo un fuerte compromiso con los derechos laborales del trabajador dominicano.
Después de la tiranía Trujillista le correspondió al profesor Juan Bosch, en su gobierno de 7 meses, a través de la constitución de 1963, establecer el derecho a la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, derecho de ir a la huelga, igualdad de derecho del hombre y la mujer, libertad sindical, libertad de pensamiento y asociación, libertad de culto etc.
A partir de ahí el movimiento sindical dominicano ha tenido una difícil y compleja trayectoria, que ha imposibilitado que jugara un mejor papel en las luchas populares que se libraron en los periodos de los 12 años de Joaquín Balaguer, caracterizados por una brutal represión contra los dirigentes sindicales y constantes violaciones a la libertad sindical y múltiples asesinatos contra dirigentes sociales y políticos.
A todo esto, se suma el historial de divisiones y pugnas internas de las centrales sindicales dominicanas, que han impedido la existencia de un fuerte y solido movimiento sindical, capaz de liderar la lucha de los trabajadores, por una verdadera libertad sindical, mejores salarios y contra un modelo económico injusto que solo produce más pobreza a los trabajadores y trabajadoras y a la mayoría del pueblo dominicano.
A pesar de estas debilidades del movimiento sindical dominicano, el mismo participó en las deliberaciones para modificar en el año 1992 el código de trabajo dominicano, el cual mediante una serie de, compromisos fue aprobado con la promulgación de parte del ejecutivo de la ley 16-92, desde hace años los empresarios dicen que esta desactualizado y que necesita reformarse.
Los dirigentes sindicales por su parte se oponen en términos generales a cualquier reforma que erosione los derechos de los trabajadores, planteando que hay artículos del Código de Trabajo que, pueden ser revisados, pero otros como la cesantía no son negociables, argumentando que en el país los salarios son bajos y la compensación final del trabajador es la cesantía.
El Código de Trabajo de 1992, que hoy ya tiene 32 años fue posible
por el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Federación Americana del Trabajo/Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO. Estas entidades plantearon que si no se hacía una reforma laboral pedirían al Congreso de Estados Unidos que retirara los beneficios que el país recibía a través de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.
Esto explica por qué el Gobierno y el empresariado estuvieron dispuestos a negociar la reforma del Código de Trabajo de manera que se reconociera la libertad sindical, se pusiera fin al desahucio y se garantizara una serie de prestaciones sociales a los trabajadores aprobadas por el Congreso Nacional en 1992, conquistas que no pueden ser desconocidas arriesgando los derechos de los trabajadores.
Podíamos entender que es necesario hacer algunas modificaciones, al código de Trabajo, pero evitando una contra reforma laboral preservando los intereses y justas demandas de la clase trabajadora nacional, debatiendo con transparencia y una legítima representatividad que contribuya a un debate democrático y al establecimiento de consensos, con una garantía de participación y aplicación de políticas laborales.
Creemos tal como lo señala un estudio de la Fundación Juan Bosch y la Fundación Sol de Chile, que ¨las reformas que se introduzcan deben apuntar no sólo a salvaguardar las contadas garantías ya existentes en el Código de 1992, sino a lograr superarlas y conseguir una ley laboral que sea el fruto de un proceso democrático, en verdad representativo de las necesidades, los intereses y la realidad de la mayoría de los trabajadores¨.
Las Fundaciones agregan en su estudio que “en cuanto a salarios, participación en las ganancias de las empresas, auxilio de desempleo y despido, jornada laboral y, muy importante, la sindicalización, que ha sido sometida a una política de desmonte sistemática y brutal. Sin democracia en el lugar de trabajo, es imposible la justicia laboral, la justicia económica ni la justicia social”.
La modificación del Código de Trabajo es un gran desafío para los trabajadores, las fuerzas progresistas y la sociedad en sentido general, por lo que es necesario rescatar los derechos de los trabajadores que estableció la constitución de 1963 y profundizar los mismos de acuerdo a la realidad actual, de modo que los trabajadores y trabajadoras dominicanas tengan una vida digna y el debido respeto a sus derechos básicos.
Por Luis Fernández
El autor es político, escritor y comunicador