A pesar de que existe una ley que protege los derechos de los empleados públicos, el gobierno perremeista en solo un año ha cancelado a miles de empleados públicos en condiciones de vulnerabilidad, a los cuales no se les han pagado sus prestaciones laborales, lo cual constituye un abuso de poder, una falta a la institucionalidad y una violación al régimen de función pública.
Sin importar la edad ni los años como servidores públicos, han sido lanzados a la calle sin ninguna consideración y con muy pocas posibilidades de conseguir un empleo digno, que les permita subsistir con alguna seguridad en estos tiempos tan difíciles no solamente por la pandemia del Covid-19, sino por la situación económica tan precaria que vive hoy nuestro país.
Desde hace algún tiempo se han hecho esfuerzos por garantizar la estabilidad y el respeto a los derechos adquiridos por los servidores públicos, recordamos el año 1991 cuando se dio un importante paso de avance con La Ley 14-91, sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, que, a pesar de algunas limitaciones, mejoro nuestra burocracia pública. Y estableció Conceptos como el mérito y la capacidad, clasificación de cargos, evaluación de desempeño etc.
Más adelante en el año 2008, se dio otro paso importante la ley 41-08 de función Pública que creó el Ministerio de Administración Pública, cuyo texto fue consensuado y aprobado por todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional, promulgada el 16 de enero de 2008, esta ley tuvo una influencia decisiva en la Constitución de 2010, ya que se constitucionaliza el acceso a la función pública con arreglo al mérito y la capacidad, se establece una reserva de ley para el ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público.
Esta ley declara como nula toda desvinculación de un servidor público de carrera administrativa realizado en violación del régimen de la función pública, considerando, además, la desvinculación irregular como un acto contrario a la Carta Fundamental del Estado, asimismo establece que la desvinculación sólo es posible cuando se cometan faltas graves, previo procedimiento disciplinario, o por desempeño insuficiente o supresión de cargo.
Esta histórica normativa vivió un intenso proceso democrático de socialización que permitió la participación privilegiada de una diversidad de actores: académicos, especialistas, consultores locales e internacionales, partidos políticos, el diálogo nacional, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas, civiles y militares, los sindicatos, asociaciones gremiales y colegios profesionales, la prensa nacional, iglesias, legisladores. Todos ellos hicieron aportes a los debates que posibilitaron el diseño y la aprobación unánime de esta Ley.
A pesar de lo contundente de las disposiciones de esta ley de protección de los servidores públicos de carrera, las mismas han servido de poco, ya que ha sido una práctica arbitraria corriente la desvinculación de los empleados públicos, violando sus derechos adquiridos y que la ley protege, cuando se ha logrado que se cumpla mínimamente con esta ley ha sido después de mucha lucha y sacrificios de los afectados.
Esta situación ha sido de gran preocupación en el país y en la oposición política que a través del Partido de la Liberación Dominicana PLD, en carta que dirigiera su secretario general Charles Mariotti al Presidente Luis Abinader ha denunciado que los titulares de varias instituciones han desobedecido las instrucciones del mandatario hechas públicas el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, donde manifestó que, “ ninguna institución del Estado debe hacer desvinculaciones de empleados si no tiene los recursos para pagar las prestaciones laborales como lo establece la ley.
Entre las instituciones que denuncia el PLD están, “los ministerios de Educación, Industria y Comercio, Obras Públicas y Comunicaciones, Interior y Policía, Relaciones Exteriores, entre otros; así como los directores de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) Y Santiago (CORAASAN); Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Servicio Nacional de Salud (SNS), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), Progresando con Solidaridad (PROSOLI), Plan Social de la Presidencia entre otros”.
Los despidos continúan y el no pago de las prestaciones laborales también, aunque la ley establece que en un plazo de 90 días después que un servidor público es cancelado de manera definitiva, sin recibir los derechos laborales previstos por la ley, el funcionario que ha demorado o no ha tramitado el pago correspondiente incurre en una falta grave y se hace pasible de ser destituido de su cargo, tal y como se establece en la Ley de Función Pública.
La cuestión ha llegado tan lejos que el defensor del pueblo Pablo Ulloa ha advertido y puso en mora al director del Instituto Postal Dominicano Adán Peguero, por la desvinculación de empleados de carrera y la falta de pago de sus prestaciones, lo que fue denunciado por exempleados del Inposdom que presentaron reclamaciones; en una nota de prensa el defensor del pueblo se reserva el derecho de actuar penalmente contra el titular de esa institución.
Todos estos hechos abusivos en contra de los servidores públicos, que se producen cada vez que hay un cambio de administración en el gobierno central o en las instituciones descentralizadas, tienen que ser detenidos, mediante el respeto a las leyes y a la institucionalidad democrática, como modo de proteger al empleado público y dotar al país de una verdadera estabilidad laboral que nos conduzca a la profesionalización de la función pública.
La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa, en violación al régimen de la función pública, es un acto contrario a la Constitución y las leyes. Así mismo, es una violación al artículo 59 de la Ley 41-08, que establece, dentro de los derechos de los servidores públicos de carrera, el derecho a la estabilidad y el derecho a la permanencia en el cargo de función pública.
El respeto de los derechos de los servidores públicos debe ser un asunto de alto interés nacional, por lo que el pago de sus prestaciones laborales y el cese de cancelaciones arbitrarias y abusivas no justificadas deben ser rechazadas por la sociedad, el presidente Luis Abinader debe reiterar y hacer cumplir lo dicho el 1 de Mayo, de modo que la tranquilidad vuelva a los miles de servidores públicos que hoy han visto violar sus derechos de manera descarada y abusiva.
Respetemos la institucionalidad democrática y el Estado social y democrático de derecho única garantía para la gobernabilidad democrática de la nación dominicana.
Por Luis Fernández
*El autor es político y comunicador