Resulta muy difícil diseñar políticas públicas o planificar el desarrollo integral a mediado o largo plazo sin disponer de estadísticas fiables en todos los ámbitos, más aún si en el último Censo Nacional de Población y Vivienda no se precisa con exactitud la cantidad de dominicanos y extranjeros que habita el territorio nacional.
La Oficina de Estadística (ONE) ofreció un informe inicial sobre los resultados de ese censo, en el que señala que en República Dominicana hay un total de 10, 760,028 habitantes, de los cuales 5, 322,933 son hombres y 5, 437,095, mujeres, lo que indica que en los últimos 13 años la tasa de crecimiento poblacional fue ínfima.
El índice de crecimiento poblacional se redujo desde un 1.22% en 2002, a 1.10% en 2022, conforme a los resultados del último censo nacional, cuyas autoridades aún no revelan cual ha sido el comportamiento de la población extranjera residente aquí, especialmente lo referido a la inmigración haitiana.
Esos resultados indicarían que las políticas de control natal han tenido mucho éxito o que la organización y realización del X Censo Nacional de Población y Vivienda no cumplió con las expectativas y que, por consiguiente, las estadísticas se han extraviado o no reflejan la realidad.
Decenas de miles de familias no fueron entrevistadas por los empadronadores del Censo y fueron muchos los hogares donde se colocaron la inscripción de “censado”, sin conversar con sus residentes, lo que motiva desconfianza sobre el uso de esas estadísticas que tendrían vigencia por diez años.
Los diseños de referidos a la inversión pública requieren de información precisa sobre población, familia, vivienda, escuelas, hospitales, electrificación, agua potable, de riesgo, sistemas de alcantarillados, asfalto vial, transporte, demanda y oferta laboral, insumos que no garantizan los resultados del Censo.
Los informes sobre el comportamiento de la inflación ofrecidos por el Banco Central están sostenidos en fuentes absolutamente fiables, manejadas a través del su Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas económicas, como las encuesta levantadas cada mes sobre una muestra de 16 mil comercios e industrias para precisar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) no ha podido entregar resultados confiables y auditables sobre el Censo, pero desde ese entorno técnico y político pretenden controlar el sistema de encuestas y recopilación de estadísticas económicas que con comprobada eficiencia y precisión gestiona el Banco Central.
A esa infección de politiquería se atribuye también información ofrecida por un influyente ministro de que una de sus dependencias “facilitó” 20 mil millones de pesos a 160 mil micros, pequeños y medianos empresarios, sin identificar las fuentes de esas estrambóticas estadísticas.
Por Orión Mejía