El Partido Revolucionario Moderno ya no es oposición, es gobierno. Esto significa que ya no puede hacer promesas, sino ejecutarlas. Es decir, el cambio prometido tiene que cumplirse. El cambio debe comenzar por casa.
Sin embargo, hemos visto un gobierno enmudecido luego del reportaje de la reconocida periodista Nuria Piera donde expuso que la actual ministra de la Juventud ha cometido actos contrarios a la ética gubernamental, prometida por Abinader.
¿Es la ministra de la Juventud, quien nos dijo llamarse Kimberly y no Kinsberly (como data en sus documentos oficiales y declaración de bienes) una vaca sagrada del PRM? ¿Por qué a diferencia de lo que ocurrió con el exfuncionario de Salud Pública, denunciado por Ricardo Nieves, no se ha actuado en consecuencia con esta funcionaria?
Recordamos que acto seguido de la denuncia de Nieves, hubo pronunciamientos tanto del ministro Plutarco Arias, como de la directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch. Se iniciaron acciones como la de destituir al presunto vulnerador de los principios éticos, sin haber sido comprobada su culpabilidad o responsabilidad de los hechos endilgados. Tanto así que, aún sigue siendo investigado. La diferencia es que ya no está en el cargo, mientras Kinsberly, mejor conocida como Kimberly, sí.
Es así como desde su posición gubernamental, al no ser removida, le manda el mal mensaje a la juventud de que se puede ser un millonario joven si se tienen influencias y se violan las leyes. Porque independientemente de las luces que puedan arrojar investigaciones a partir de las mostradas por Nuria (en caso de que se hagan), la verdad es que siendo funcionaria no podía tener ningún tipo de contrato con el Estado.
Al menos, así está establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas en su artículo 14. Pero más allá de esa prohibición expresa de la ley para que los funcionarios públicos se abstengan de ofertar o contratar con el Estado, no olvidemos que el pasado 26 de agosto se emitió la circular DGCP-07-2020, otorgando un plazo de 30 días calendarios, a partir de ese día, para que todos los funcionarios incluidos en el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado.
¿Y quiénes son los funcionarios sometidos a ese régimen legal? Muy simple: ministros, viceministros, directores, subdirectores, alcaldes y regidores. O sea, ninguno de estos puede ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
Sin embargo, al parecer la ministra juvenil está por encima del bien y el mal, que decidió hacer caso omiso tanto al llamado como a la ley. No fue sino hasta hoy que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) decidió de oficio suspender el RPE de la aún ministra.
Pero mientras el hacha va y viene, nuestro único consuelo es que la Primera Dama, Raquel Arbaje, “está atenta” y que Milagros Ortíz Bosch, aunque no ha ido personalmente a buscar documentos para la investigación (como sí hizo en el caso del funcionario de tercera categoría de Salud Pública), al menos le pidió al presidente de la Cámara de Cuentas que no renuncie, así, de paso, investiga ese caso en lo que entiende se le puede olvidar al pueblo dominicano.
¡Pero les tenemos noticias! Tras 20 años de aguantar un PLD corrupto y saqueador, el pueblo dominicano no está dispuesto a tolerar y mucho menos a financiar más pan y circo. Ya sacamos al PLD y lo mismo podemos hacer con el PRM y cualquier otro gobierno que crea que pueda cambiarnos oro por espejos.
Así que olvídense de esa vieja estrategia política de dar discursos a medias y apostar al olvido. Con eso no van a callar y mucho menos a calmar a un pueblo resentido, ávido de justicia y harto de abusos de poder.
Por Alfonso Paulino Benoit
*El autor es periodista, comentarista e influencer político.