La prisión preventiva en República Dominicana, concebida como una medida excepcional para garantizar la presencia del imputado en el proceso, ha degenerado en una práctica rutinaria que vulnera derechos fundamentales. Aunque el Código Procesal Penal establece su uso como último recurso, su aplicación excesiva ha generado hacinamiento carcelario, retardo procesal y afecta la presunción de inocencia.
Este abuso refleja serios problemas estructurales en el sistema judicial dominicano, donde se prioriza el castigo anticipado sobre alternativas menos gravosas, como el arresto domiciliario o fianzas. Reformas efectivas deben garantizar proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
Las estadísticas son alarmantes, se estima que el 38% de las medidas de coerción dictadas en el país corresponden a prisión preventiva. Más preocupante aún, es que el 70% de la población carcelaria está bajo esta medida, y de estos, el 50% ya ha cumplido el plazo legal establecido. Esto no solo viola el principio de presunción de inocencia, sino que también contribuye al hacinamiento carcelario y al retardo procesal.
Este uso excesivo de la prisión preventiva responde a diversos factores como la presión mediática y social. Existe una percepción generalizada de que «si no hay prisión, no hay justicia». El temor al descrédito de jueces y fiscales que temen ser criticados si no aplican esta medida.
La insistencia de las víctimas que muchas no conciben que el proceso pueda llevarse a cabo con el acusado en libertad y falta de recursos y la escasez de recursos en la Policía, Fiscalía y el sistema judicial provoca retrasos en las investigaciones y juicios.
Este abuso sistemático ha llevado en el país a que ocupe el quinto lugar entre los países de América Latina con más presos preventivos. La situación es tan grave que ha llamado la atención internacional, incluyendo la del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU.
Es imperativo que se implementen reformas urgentes para abordar esta crisis. Se deben considerar medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o la presentación periódica ante el tribunal. Además, es importante fortalecer el sistema judicial para agilizar los procesos y respetar los plazos legales establecidos para la prisión preventiva.
La justicia dominicana debe recordar que la prisión preventiva no es un castigo anticipado, sino una medida excepcional. Su uso indiscriminado no solo viola derechos fundamentales, sino que también mina la confianza en el sistema judicial y perpetúa un ciclo de injusticia que afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, a los que no tienen dinero.
Es hora de que República Dominicana, tome medidas decisivas para reformar su sistema de justicia penal, priorizando el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Solo así se podrá construir un sistema judicial más justo, eficiente y respetuoso de los principios democráticos.
Este aflojamiento del sistema judicial dominicano solo se aplica y se ve a diario en los tribunales en la población más vulnerable, es decir, el que no tiene dinero.
Por Luis Ramón López