Se acentúa el sobresalto de la población ante la posibilidad de que el recrudecimiento de la violencia en Haití genere una avalancha migratoria repentina o sostenida hacia el lado dominicano, aún más ante la evidente intención de Naciones Unidas (ONU) de compeler al país para que acepte instalar aquí centros de refugio.
No se trata de una paranoia colectiva por el temor de que decenas de miles de indocumentados crucen la porosa frontera, aguijoneados por hambre más que por inseguridad, sino porque la ONU reclama no repatriar indocumentados y ofrecerle estatus de refugiado a la masa irredenta.
Las bandas armadas que asolan a Puerto Príncipe pactaron una coalición para perpetrar asaltos y ataques al aeropuerto, sede de instituciones oficiales, cárcel pública, comercio, empresas, universidades y residencias, con saldo de decenas de muertos y heridos, sin que nada concreto se haga para detener la violencia.
Una diezmada Policía Nacional se empeña por contener las tropelías que de esos grupos armados, ahora pintarrajeados como defensores del pueblo haitiano, mientras desde foráneos escritorios se intenta conformar una Comisión Presidencial que gobernaría a Haití.
Nada hace la comunidad internacional para contener en lo inmediato la espiral de violencia en Haití o para mitigar la inseguridad alimentaria, que según la ONU ya afecta a la mitad de la población, es decir a más de seis millones de haitianos.
En lo que si hay mucho empeño es en pretender doblegar el pulso a República Dominicana para que asuma los daños colaterales de la crisis haitiana, especialmente ante un eventual brote migratorio, con la instalación de refugios que por diversas razones imperiales serían eternos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz, reclamó del gobierno dominicano detener “las deportaciones masivas y forzosas” de indocumentados haitianos, una falacia que ha sido repetida por responsables de otras muchas agencias de ese organismo.
Sin consultar a la Cancillería dominicana, procónsules anuncian un puente aéreo entre los territorios de la isla o “reinauguración” de una oficina en el municipio turístico más densamente poblado por haitianos, dizque para prestar cooperación en programa de ayuda a inmigrantes, además de pregonar la falsa noticia de que aquí se violan los derechos de migrantes sin papeles, o que 50 mil niños haitianos, son vulnerables aquí a la trata sexual o esclavitud laboral.
Los US$30 millones que Estados Unidos aportaría para mitigar el hambre en Haití no han sido liberados en el Congreso, como tampoco US$300 millones para financiar la fuerza de pacificación. Lo que sí marcha a todo vapor es el intento por obligar a República Dominicana a pagar los platos rotos en ese drama.
Por Orión Mejía