La operación minera de Barrick Gold en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, ha generado una serie de daños irreparables que afectan tanto al medio ambiente como a las comunidades locales, e impactando de manera negativa a más de 600 familias de seis vecindades cercanas a la mina que se encuentran expuestas a la contaminación lo cual está arruinando su salud.
El caso de Barrick Gold en Cotuí ejemplifica un conflicto entre el supuesto desarrollo económico y la protección del medio ambiente y las comunidades locales, con graves consecuencias a largo plazo para la zona.
El impacto medio ambiental, está destruyendo todo el ecosistema y amenaza a la biodiversidad, con transformaciones drásticas en la fauna y flora., donde es notoria la contaminación de ríos y suelos por el vertido no tratado de contaminantes, notorio con la filtración de elementos tóxicos como arsénico, mercurio y cianuro al suelo y fuentes de agua provenientes de la mina Pueblo Viejo. Esto ha afectado la biodiversidad y la disponibilidad de agua potable para las comunidades.
La deforestación y degradación del suelo con la expansión minera, ha destruido ecosistemas locales, comprometiendo la fertilidad del suelo y alterando el hábitat natural, y con la construcción de la nueva presa de Colas, que se pretende, la preocupación de alarma ha aumentado por un posible colapso que podría tener consecuencias catastróficas para las comunidades cercanas.
Para este proyecto de ampliación con la presa de Colas, la Barrick Gold, ha logrado que más de 850 familias hayan sido desalojadas para dar paso a la expansión minera. Las condiciones de reubicación han sido calificadas como inadecuadas por los afectados.
Por este daño ecológico medioambiental, la República Dominicana recibe solo el 3.2% de los ingresos brutos de la operación minera de la Barrick Gold. Cotuí sigue sumido en la pobreza mientras se extraen grandes cantidades de oro, que se agrava por la falta de inversión en infraestructura, agua potable y hospitales adecuados para las comunidades afectadas.
A pesar de las enormes ganancias generadas por la minería, las comunidades locales permanecen en la pobreza, sin acceso a servicios básicos ni beneficios significativos.
El contrato entre Barrick Gold y el Estado dominicano ha sido criticado por otorgar beneficios desproporcionados a la empresa el 97% inicialmente, mientras que el país asume los costos ambientales.
Protestas y marchas en contra de Barrick Gold, como la reciente manifestación de más de cinco horas en Cotuí, ejemplifica un conflicto entre el supuesto desarrollo económico y la protección del medio ambiente y las comunidades locales, que reciben el impacto de la contaminación que ha generado enfermedades respiratorias a más del 60% de los residentes los cuales sufren de infecciones respiratorias y enfermedades pulmonares crónicas,
La situación en Cotuí refleja un conflicto profundo entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Las comunidades exigen justicia ambiental, compensaciones justas y un modelo que respete sus derechos fundamentales.
Por Luis Ramón López