La República del Peru, la tercera nación más grande de américa del sur, con una población de más de 32 millones de personas, pasa desde hace años por una profunda crisis política, agravada desde el año 1992, cuando aconteció el ‘fujimorazo’, un autogolpe de Estado del expresidente Alberto Fujimori, que disolvió el parlamento con el apoyo del Ejército y tomar el poder de todos los órganos estatales de Perú.
Esa época de Alberto Fujimori que comenzó en el 1990 terminó en el año 2,000 con su destitución por parte del congreso peruano por incapacidad moral permanente y prohibiendo volver a presentarse como candidato, tras la divulgación de los escándalos de corrupción para ganar las elecciones, sospechas de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios.
Además, se le acusó de haber abandonado el país para anunciar su renuncia, así como sus relaciones con Vladimir Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), consejero de seguridad del Gobierno y el principal asesor presidencial entre 1990 y el año 2000, acusado de corrupción luego de revelarse que poseía cuentas en bancos suizos por decenas de millones de dólares.
A partir de ahí se han agravado los problemas en esa nación de América del sur y el país ha sido azotado por años de inestabilidad política, que han provocado que por su casa de gobierno hayan pasado en los últimos años, 11 presidentes un número extremadamente elevado teniendo en cuenta que el mandato presidencial de Perú es de cinco años, lo que ha representado serios problemas para su gobernabilidad democrática.
La enorme polarización política, la corrupción y la degradación vertiginosa del estado de derecho y los principios democráticos, a lo que se agregan las violaciones constantes a los derechos humanos, han hecho que la nación peruana esté pasando por momentos difíciles y complejos desde la detención y deposición del presidente Pedro Castillo, por una parte del parlamento.
El nuevo gobierno instalado en el Perú encabezado por Dina Boluarte, está llevando a esa nación a días de convulsas protestas contra un gobierno que es desconocido por una gran parte de la población y que lleva ya bajo su mando decenas de muertos en protestas, universidades intervenidas, derechos procesales violados, organizaciones sociales perseguidas, etc.
La lucha del pueblo peruano contra el gobierno de Dina Boluarte ha sido constante, sus objetivos son muy claros, Renuncia de la presidenta Dina Boluarte, disolución del congreso nacional, libertad para Pedro Castillo, Asamblea constituyente plurinacional y popular y nuevas elecciones para este año 2023, a estas demandas el gobierno a respondido con un excesivo uso de la fuerza y la represión.
La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia originalmente durante un mes, pero la medida se ha renovado y sigue vigente sin que se atiendan las demandas de la población, asimismo un informe de un grupo de siete relatores especiales y dos grupos de trabajo de las Naciones Unidas en derechos humanos informó tener denuncias de represión, asesinatos, arrestos y desapariciones forzadas de manifestantes en el país andino.
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo de Perú da cuenta de 48 manifestantes muertos, 1301 heridos, cientos de detenidos y al menos un desaparecido, estas graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad, es motivo de gran preocupación ya que, en toda sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan sus vidas y medios de subsistencia.
Un gobierno que es rechazado por más del 80 por ciento de su población y un congreso que lo rechaza más del 90 por ciento, con tendencias ambos a que aumente ese rechazo, no pueden intentar imponerse por la fuerza de la violencia a un pueblo que no los quiere y que reclama con sobrada razón y de manera pacífica, que su país se encause de nuevo por la institucionalidad democrática.
La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad, que solo puede resolverse mediante un verdadero diálogo en que participe el pueblo a través de sus organizaciones representativas, en el cual se tomen en cuenta las justas demandas de la población y que se ponga fin a la violencia, la represión y las persecuciones, utilizadas por un gobierno carente de toda base de respaldo popular.
Mientras los grupos de poder y la maquinaria burocrática derechista acusan de terrorista a todo quien proteste en contra del gobierno cívico militar, los Pueblos Indígenas y campesinos responden a viva voz ¡Kachkaykuraqmi! (¡Seguimos existiendo!), los grupos excluidos si tienen voz, no importa que los sectores poderosos de la derecha peruana los ignoren o los silencien.
Los peruanos siguen en las calles, luchando día a día los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del gobierno represivo de Dina Boluarte, se mantienen contra aquellos que se agrupan en las calles de los pueblos, en las plazas y en las carreteras comarcales, decididos a no ceder en sus justos reclamos y lograr que se vayan el gobierno y el congreso.
El pueblo peruano, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, han decidido no claudicar y tienen legítimo derecho a luchar por recuperar su democracia y por el derecho a elegir un gobierno que verdaderamente los represente, respete sus reales demandas y garantice calidad de vida, equidad y justicia social, único camino para poner fin a la grave crisis política de la nación andina.
Por Luis Fernández
*El autor es político, escritor y comunicador