La situación actual del servicio eléctrico en la región, particularmente en lo que respecta a las tarifas impuestas por Edenorte, ha generado un profundo descontento entre los usuarios. Las denuncias sobre recibos exorbitantes, que van de 3,000 a 5,000 pesos y que pueden escalar hasta 10,000 y 12,000 pesos en meses posteriores, son cada vez más comunes.
Esta tendencia no solo es alarmante, sino que también plantea serias interrogantes sobre la justicia y la transparencia en la facturación de este servicio tan esencial.
Los usuarios de Edenorte han expresado su frustración ante lo que consideran un abuso sistemático. La falta de explicaciones claras sobre el incremento de las tarifas ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de los cobros. Este fenómeno no es aislado; pequeñas y medianas empresas (pymes) están al borde de la quiebra debido a los altos costos de la electricidad.
Muchos emprendedores han manifestado que sus negocios se ven obligados a destinar una parte significativa de sus ingresos solo para cubrir las facturas eléctricas, dejando poco o nada para reinversiones o salarios.
La situación es crítica: los pequeños comerciantes y empresarios se encuentran trabajando arduamente, pero gran parte de sus esfuerzos se traduce en pagar recibos de luz cada vez más altos. Este ciclo vicioso amenaza no solo a los negocios individuales, sino también al tejido económico de las comunidades locales.
El impacto de estas tarifas elevadas es devastador. Los pequeños y medianos negocios son fundamentales para la economía local, ya que generan empleo y dinamizan el comercio. Sin embargo, con tarifas eléctricas tan altas, muchos se ven forzados a cerrar sus puertas o reducir su personal.
Esto no solo afecta a los emprendedores, sino también a sus empleados y a las familias que dependen de estos ingresos. El aumento constante en las tarifas eléctricas está llevando a muchos a considerar la informalidad como una opción viable para sobrevivir. Sin embargo, esta solución es insostenible y puede llevar a un deterioro aún mayor de la economía local.
Es imperativo que Edenorte y las autoridades competentes ofrezcan explicaciones claras sobre cómo se determinan estas tarifas. La falta de transparencia alimenta la desconfianza entre los consumidores y agrava el sentimiento de injusticia. Además, es esencial que se implementen regulaciones más estrictas para garantizar que las tarifas sean justas y proporcionales al consumo real.
Los usuarios merecen un sistema que no solo sea eficiente, sino también equitativo. La implementación de auditorías independientes sobre las facturas eléctricas podría ser un primer paso hacia la restauración de la confianza en el sistema.
La situación actual con Edenorte es insostenible y requiere atención inmediata por parte de las autoridades. Las altas tarifas eléctricas no solo representan un abuso hacia los consumidores, sino que también amenazan la viabilidad económica de muchos negocios en la región.
Es hora de que se tomen medidas concretas para abordar esta problemática y asegurar un servicio eléctrico justo y accesible para todos. La población de la región cibaeña merece respuestas y acciones efectivas y creíbles para poner fin a este ciclo de abusos que afecta su calidad de vida y su futuro económico.
Esto no lo aguanta nadie. Esto es puya y puya contra un pueblo indefenso y trabajador por parte de Edenorte, en todos los municipios de las provincias de la región del Cibao.
Por Luis Ramón López