Los casos de corrupción que se «llevó el viento» en República Dominicana son un reflejo preocupante de la persistente cultura de impunidad que ha plagado al país durante décadas.
A pesar de los avances recientes en la lucha contra la corrupción, la realidad es que muchos casos emblemáticos han quedado sin resolución, dejando una sensación de frustración y desconfianza en la población.
Es innegable que en los últimos años se han dado pasos importantes. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 muestra que República Dominicana ha mejorado en un 4% comparado con el año anterior, manteniendo el quinto lugar entre 15 naciones latinoamericanas evaluadas. Además, el país ha subido siete puntos desde 2020 en los avances contra la corrupción, según Transparencia Internacional.
Sin embargo, estos avances contrastan con la percepción pública. Un estudio reciente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo revela que la tolerancia a prácticas corruptas ha aumentado significativamente.
El porcentaje de personas dispuestas a «tolerar cierto grado de corrupción si se resuelven los problemas» creció del 48.3% en abril de 2022 al 50.9% en abril de 2023. Esta normalización de la corrupción es profundamente preocupante.
La historia reciente de República Dominicana está marcada por casos de corrupción de alto perfil que, a pesar de la indignación pública inicial, parecen haber sido olvidados o archivados sin consecuencias significativas. Esto ha generado una sensación de que la justicia es selectiva y que los poderosos pueden actuar con impunidad.
El gobierno actual, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas. Se han iniciado investigaciones de alto perfil y se ha promulgado legislación importante, como la Ley No. 340-22 de Extinción de Dominio. Sin embargo, la percepción de que muchos casos simplemente «se los lleva el viento» persiste.
Esta situación plantea desafíos significativos para la democracia dominicana. La normalización de la corrupción y la percepción de impunidad erosionan la confianza en las instituciones y en el estado de derecho. Además, perpetúan un ciclo en el que la corrupción se ve como un mal necesario o incluso como una forma aceptable de operar dentro del sistema.
Para abordar este problema, es crucial no solo perseguir los casos de corrupción actuales, sino también resolver los casos pendientes del pasado. La justicia debe ser vista como imparcial y efectiva, capaz de alcanzar incluso a los más poderosos.
Además, es necesario fortalecer las instituciones de control y supervisión, como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y garantizar su independencia.
La educación cívica y la promoción de una cultura de integridad son también fundamentales. Es necesario cambiar la percepción de que la corrupción es inevitable o aceptable bajo ciertas circunstancias. Esto requiere un esfuerzo sostenido no solo del gobierno, sino también de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector educativo.
Hay que reconocer que República Dominicana ha dado pasos importantes en la lucha contra la corrupción, el hecho de que muchos casos emblemáticos parezcan haberse «llevado el viento» sigue siendo un obstáculo significativo para el progreso real.
Solo a través de un compromiso sostenido con la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas se podrá romper el ciclo de impunidad y construir una sociedad verdaderamente democrática y equitativa. El viento del cambio debe soplar con más fuerza para barrer con la corrupción de una vez por todas.
La República Dominicana ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción en los últimos años; como el avances en investigación y persecución, la transparencia y el libre acceso a la información pública, la promulgó de la Ley No. 340-22 de Extinción de Dominio para combatir la corrupción organizada y el narcotráfico, se han hecho mejoras legales y operativa, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha llevado adelante investigaciones de alto perfil como las Operaciones Coral, Coral 5G, Antipulpo, Medusa y Calamar, entre otros adelantos de la justicia y la administración pública.
El fallo del juez que envió a casa a Hugo Beras, Jochi Gómez y Padovani Báez, ha suscitado un intenso debate sobre la justicia en República Dominicana. Este caso, que involucra a figuras públicas y empresarios, pone de relieve varios aspectos críticos del sistema judicial y la percepción de la corrupción en el país.
La decisión del juez de permitir que estos individuos regresen a sus hogares, a pesar de las acusaciones en su contra, ha sido interpretada como un signo de impunidad. En un contexto donde la corrupción ha sido un tema recurrente en la política dominicana, este fallo genera desconfianza en las instituciones judiciales.
La percepción de que los poderosos pueden evadir las consecuencias de sus acciones es un obstáculo significativo para el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas en la República Dominicana efectiva, que garanticen una mayor transparencia y eficiencia en los procesos judiciales, así como una mayor independencia del poder judicial frente a influencias externas.
Por Luis Ramón López