El profuso tráfico de indocumentados haitianos conllevará tarde o temprano a que República Dominicana sea denunciada por el Departamento de Estado y ante organismos internacionales como un Estado tolerante ante el delito de trata de personas, considerado como esclavitud moderna.
En términos jurídicos la trata de persona consiste en el secuestro, traslado o acogida de seres humanos por medio de amenaza, violencia y otros mecanismos coercitivos, como estafa o abuso de una posición dominante, elementos constitutivos que en su mayoría no figuran en el tráfico de sin papeles.
Cuando personas físicas o jurídicas gestionan mano de obra de indocumentados haitianos para laborar en sus fincas, hatos, comercio o agroindustria, el delito inicial deriva en crimen de trata de personas, una de las infracciones penales más relevantes junto con el narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero.
La mayoría de los haitianos que ingresan por la frontera, previo pago a mafias integradas por civiles y militares, vienen con la promesa o encomienda de trabajar en un ambiente de informalidad, bajos salarios y penosas condiciones laborales, lo que tipifica el delito de trata de persona.
Aunque ya se sabe que el corredor desde la frontera norte (Dajabón y Montecristi) es el más activo en el tráfico de indocumentados, no se conoce que autoridades militares o de Migración apliquen vigilancia en carreteras alternas de la Línea Noroeste que comunican con Santiago y Puerto Plata.
La muerte por ahogamiento de 13 ciudadanos haitianos, de 18 que viajaban en una yipeta que se deslizó sobre un canal de riego a su paso por una comunidad de Esperanza, Valverde, no resultó suficiente para que se encaminara una investigación sobre el millonario negocio del tráfico de personas.
La embajada de Estados Unidos ha tomado nota sobre el incremento en el tráfico de indocumentados patrocinado por entramados criminales que obtienen millonarias ganancias con un ilícito penal que coloca al país en riesgo de sufrir sanciones por parte de la comunidad internacional.
Mafias que operan el negocio de traficar con personas vulnerables, incluidos mujeres y niños, desarrollan tipos de complicidad criminal con empleadores locales para la recepción de esa mano de obra barata o semi esclavizada, como ha sido denunciado en sucesivos informes del Departamento de Estado.
La indiferencia oficial respecto al tráfico de indocumentados conllevaría a que, ante censura o condena de Estados Unidos y Naciones Unidas, el Gobierno se vea compelido a aprobar en el Congreso una fatídica ley sobre trata de persona que convertiría a República Dominicana en el paraíso de la migración haitiana.
Por Orión Mejía