Siempre hemos señalado que la migración irregular en la República Dominicana ha sido un tema polémico, difícil y complejo, que muchas veces al abordarlo con la pasión y las emociones naturales que produce, nos lleva a conclusiones que siempre no son las más justas, ponderadas, equilibradas y sensatas.
A pesar de todo lo anterior se oyen voces que, por desconocimiento, por desinformación u otros motivos acaban confundiéndose y confundiendo a parte de la población, con planteamientos, que en nada contribuyen a una correcta apreciación del fenómeno migratorio en la República Dominicana.
A propósito, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y la ley especial de naturalización 169-14, hechos históricos y sin precedentes por sus dimensiones y por sus logros, procesos que se manejaron con absoluta transparencia y puestos en práctica en un periodo de tiempo complicado y difícil, en el cual nuestro país fue objeto de los más despiadados ataques internos y externos.
Tanto el plan como la ley 169-14, fueron fruto del más amplio consenso lo que se refleja en el hecho de que fueron refrendados por el Congreso Nacional y por el Consejo Nacional de Migración, lo que indica la voluntad de las pasadas autoridades para enfrentar la situación migratoria con políticas claras y definidas que permitieran encontrar una solución a un tema como el de la inmigración irregular descontrolada.
En lo relativo al plan de Regularización se ha cuestionado como algo extraño que la mayoría de los solicitantes no cumplió los requisitos, pero los números son bien claros de las 288,467 solicitudes, solo fueron aprobadas 260,248, ya que 28,219 no presentaron ningún tipo de documentación y solo 7,834 (3%) cumplieron con todos los requisitos, por lo que les correspondió la categoría de residentes y al resto de no residentes, estos resultados han contribuido al ordenamiento de la migración en la RD y a su seguridad nacional.
En cualquier plan de regularización siempre hay una parte que no cumple con los requisitos esto es lo normal, porque no se trata de una amnistía para regularizar a todo el mundo, sino dar un estatus migratorio regular a aquellos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el decreto 327-13 que instituyó el Plan Nacional de Regularización y la ley especial de naturalización 169-14.
En cuanto a la ley especial de naturalización 169-14, se recibieron 8,768 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 7,159 lo que representa el 82% del total de inscritos, 1609 que representan el 18% no presento documentos, tal como lo establece la ley 169-14, los 7,159 a los dos años de obtener la categoría migratoria de residente permanente podían solicitar la nacionalidad dominicana si así lo deseaban, ya que esto no era automático.
Es bueno señalar que se siguió en todos los casos un estricto proceso y que cuando el expediente quedaba aprobado, se enviaba la no objeción a la Junta Central Electoral JCE, y solo cuando se enviaba al MIP el acta de nacimiento, se procedía a preparar los expedientes para enviarlos según fuera el caso, los mayores de edad a los organismos de seguridad para su depuración y los menores de edad al Poder Ejecutivo.
El expresidente Danilo Medina mediante el decreto 262-20 otorgó la nacionalidad dominicana a 750 haitianos menores de edad y el presidente Luis Abinader otorgo la nacionalidad a otros 50 haitianos, en el pasado mes de abril con los que suman 800 en total, estos procesos son gratuitos tal como lo establece la ley 169-14 en su artículo 13, “Gratuidad. Lo dispuesto en la presente ley no generará tasa o costo alguno a cargo de los beneficiarios”
Asimismo, el reglamento 250-14 de la misma ley establece que en su artículo 4.- Gratuidad. “En conformidad con lo dispuesto en el articulo13, de la ley No. 169-14, todas las gestiones y procedimientos relativos a la inscripción, regularización migratoria y naturalización están exentos de todo tipo de tasa o carga tributaria alguna a cargo de los solicitantes’’.
Más que buscar supuestas fallas en el PNRE y la ley 169-14, debiéramos trabajar por el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de la migración, la actualización de la ley 1683 sobre naturalización del año 1948 , la preservación del estatus migratorio de los beneficiarios del PNRE y la ley 169-14 y otros asuntos, no quiero pensar que nadie quiera que el país vuelva a épocas de confrontaciones, donde fuimos blanco de innumerables ataques de todo tipo con relación al tema migratorio.
La nacionalidad dominicana otorgada a los hasta ahora 800 ciudadanos haitianos la gran mayoría menor de edad es legal, justa y humanitaria, por lo que debemos procurar que estas personas que hoy son dominicanas se integren a la sociedad y les sean garantizados sus derechos humanos, de modo que se produzca la adaptación del migrante y la aceptación por la sociedad sin que esto signifique perdida de nuestra identidad cultural, entendiendo que las diferencias culturales que aportan los inmigrantes son importantes para la sociedad .
No tratemos de echar por tierra lo logrado y lo que se ha avanzado con el PNRE y la ley 169-14, lo que fue producto de una correcta concertación entre las autoridades, los organismos internacionales y las ONGS, por el contrario, propiciemos que este proceso continúe de manera firme en la dirección de seguir avanzando hacia una gestión migratoria que se dirija a una exitosa gobernanza migratoria en la República Dominicana.
Por Luis Fernández
*El autor es político y comunicador