Hay denuncias, en las redes sociales y en los medios de comunicación nacionales, de que algunos miembros de la Policía Nacional Dominicana, atribuyéndose derechos que no son de su competencia, se han dedicado a realizar redadas de ciudadanos ilegales, haitianos por lo regular, llevarlos detenidos a un cuartel de la institución del orden y posteriormente liberarlos luego de pagar una multa que regularmente es de 5,000.00 pesos dominicanos.
El negocio se ha sofisticado un poco pues, al ser tan obvio lo que estaban haciendo y posiblemente por temor a llamar demasiado la atención, dejaron de utilizar los vehículos oficiales del cuerpo uniformado y en su lugar usan guagüitas cerradas con personal civil, no especifican si son agentes vestidos de paisanos, haciéndose pasar como inspectores del ministerio de trabajo y/o de migración.
Estas mini redadas relámpago, regularmente las hacen en los lugares donde hay construcciones, una buena cantera para conseguir ilegales haitianos. Lo cual seguirá incrementándose a medidas que la situación, social, política y principalmente económica en el vecino país siga su incesante deterioro.
Nos cuenta un amigo que vive en ciudad Juan Bosch que un ingeniero encargado de la construcción de uno de los complejos habitacionales que se construyen en ese lugar pagó cincuenta mil pesos para que no se llevaran unos haitianos que tenía trabajando ilegalmente y que lo dejaran trabajar tranquilo. Lo cual es un verdadero chantaje. Otra vertiente del problema.
Esperamos que esto sean solo hechos aislados y no el principio del establecimiento de una mafia que pudiera contagiar a algunos desaprensivos y extenderse a otros estamentos de nuestra economía como son los predios agrícolas, las zonas francas, el comercio informal y las instalaciones turísticas.
Lugares repletos de trabajadores ilegales, con la particularidad de que, en estos últimos, no todos son haitianos. Algo que le pondría en las manos a las ongs internacionales, un excelente argumento para seguir con el acoso al que tienen sometido a nuestro país por muchos años
El gobierno pudiera detener este, hasta ahora conato de negocio ilegal, aplicando la ley del 80/20 y exigiendo a los empleadores la regularización de todos esos trabajadores ilegales. Para que estos comiencen a cotizar a la seguridad social y aquellos a pagar sus impuestos correspondientes.
Creemos que estamos a tiempo todavía.
Por Carlos Maccoy (CarlosMcCoyGuzman@gmail.com)
*El autor reside en Nueva York