El desbordamiento del gasto durante el periodo de precampaña electoral en la República Dominicana siempre ha desencadenado un intenso debate nacional sobre la transparencia en el financiamiento político y el uso de recursos gubernamentales con fines electorales. A medida que se acerca el proceso electoral, la preocupación por la influencia del dinero en la política ha alcanzado niveles críticos.
El Segundo Informe de Observación Electoral de la precampaña y primarias, presentado por el movimiento cívico Participación Ciudadana revela datos preocupantes.
De acuerdo al informe, en el presente año, para publicidad e impresión, el gobierno tiene presupuestado un monto de RD$9,595 millones, superando en 51 por ciento los 6,375 millones de pesos gastados en el 2022.
Destaca dicho informe, que hasta el pasado 13 de octubre ya se habían destinado a este fin unos 4,709 millones, lo que implica un aumento de 34 por ciento con relación a igual fecha del año pasado, sin que haya ocurrido este año algún acontecimiento especial que justifique el incremento.
A esto se suma el reciente anuncio del presidente Abinader, quien informó que el gobierno comprará asfalto por RD$11,200 millones que se estarán ejecutando en plena campaña electoral.
Para Participación Ciudadana, uno de los aspectos más alarmantes es la relación entre el gasto gubernamental y el proceso electoral, ya que a pesar de las afirmaciones del presidente Luis Abinader de no utilizar recursos públicos para fines de campaña, las observaciones históricas indican un aumento en el gasto gubernamental en años preelectorales y electorales.
El movimiento no partidista también cita en su informe, los gastos de campañas de los partidos políticos, destacando las vallas como uno de los mecanismos de propaganda más usados.
Según el informe, se registraron 2,294 vallas, siendo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) el responsable del 53.75% de ellas, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con un 23.32% y la Partido Fuerza del Pueblo (FP) con un 18.09%. El restante 4.84% correspondía a 111 vallas distribuidas entre siete partidos minoritarios.
El informe cuestiona el papel desempeñado por la Junta Central Electoral (JCE), ya que a pesar de las regulaciones establecidas en la Ley No. 33-18, que especifica un periodo de precampaña de tres meses a partir del 1 de julio del año anterior a las elecciones, muchos partidos comenzaron sus actividades mucho antes, algunos desde el 2022.
Este incumplimiento sistemático de los plazos legales ha llevado a un periodo de campaña que se extiende por más de un año y medio, según las observaciones del movimiento cívico.
Dice el informe que la principal razón por la que los países con sistemas electorales más fuertes ponen controles a la duración de las campañas, es por el costo de las mismas, ya que a su juicio, la ausencia de transparencia y la ineficacia de los controles del gasto de los partidos y candidatos, se convierte en una preocupación fundamental en la República Dominicana.
Por Roberto Tiburcio