El abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara, solicitó formalmente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que investigue el proceso de construcción de la cárcel La Nueva Victoria.
Gómez Mazara dijo que el proceso de licitación número CCC-2018-0013 para la construcción de la cárcel no fue transparente y se debe investigar a las empresas de ingeniería participantes, los montos, las impugnaciones y el despojo de las compañías Marvar, Fortluck y Vectra Consulting, beneficiarias originales y excluidas mediante acciones poco transparentes del derecho a participar en dicha construcción.
«La necesidad de humanizar el sistema carcelario» del país fue utilizado como «ardid para que los fondos depositados en la cuenta de la PGR durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, y que provenían de la admisión de ODEBRECHT respecto de prácticas incorrectas en el país, deben ser aclarados porque implican montos considerables y la sociedad debe estar lo suficientemente informada al respecto», manifestó.
Dijo que resulta cuesta arriba explicarle a la sociedad que «desde el año 2001 y aprobado por el Congreso Nacional existían los recursos financieros, que alcanzaban US$ 32,405,292.28, y la intención era que se construyeran en San Luis-Palavé-Manoguayabo».
“También se debe explicar por qué la construcción de La Nueva Victoria alcanzó montos que se multiplicaron por diez respecto del presupuesto original», indicó el también dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Afirmo que esto abre un manto de preocupación alrededor del manejo adecuado de los fondos públicos y el sentido de prudencia que debe acompañar toda inversión gubernamental».
Gómez Mazara suministró al PEPCA el historial de impugnaciones, las identidades de los empresarios involucrados y el testimonio de cómo la anterior autoridad que encabezaba el Ministerio Público indujo a “desistir” a una de las empresas concursantes.
El testimonio es del principal ejecutivo de esa empresa quien, «mediante un procedimiento draconiano de llevarlo a la cárcel sin una acusación formal» optó finalmente por «la renuncia a participar en el proceso de construcción del nuevo sistema carcelario».
El dirigente político apuntó a que la idea de pasar por el gobierno y generarse el amparo de grupos hegemónicos determinados, con la intención de que la justicia no los alcance, representa una de las aberrantes modalidades que deben ser excluidas del quehacer nacional.
Alertó sobre «niveles de complicidad de exponentes de la clase partidaria que pretenden coberturas y silencios alrededor de desempeños en funciones públicas que ameritan ser investigadas debido a los niveles de acumulación indecente que (ostentan y que se verifican) cuando se auscultan correctamente».
Cuando es así, remarcó, «fluyen datos, informaciones precisas y compañías pasibles de ser procesados penalmente».
Sostuvo que por ahora se limita a pedir indagaciones sobre las construcciones, pero que estima que los posibles hechos de corrupción «se extienden a las comidas suministradas a los presos y todo el andamiaje de empresas estructuradas con beneficios y beneficiarios que entran en la próxima etapa de investigación a solicitarle a la autoridad competente».